Chetumal.- Luego de 74 días, la Red Feminista Quintanarroense liberó,  a medias, las instalaciones del Congreso del Estado, luego de acordar con diputados una serie de cuestiones.

Sin embargo, advierten que “cederán” a dejar el lugar hasta no tener el dictamen del Pleno del Congreso del Estado, independientemente si este es a favor o en contra de la despenalización del aborto.

Después de tres horas de esperar la llegada de los diputados de la XVI Legislatura, se llevó a cabo la firma del acuerdo de buena voluntad, para que los legisladores puedan retornar a las instalaciones del Poder Legislativo y reanudar sus actividades.

Los diputados tuvieron que sesionar en dos diferentes sedes, el Centro de Convenciones de Chetumal y el Museo de la Cultura Maya.

En entrevista, la integrante de Marea Verde, Yunitzilin Pedraza, dijo que por el momento el edificio será compartido entre los diputados y los colectivos feministas, por lo que ya se establecieron algunas condiciones por la cuestión de los espacios y de los horarios.

Advirtió que en caso de que no se tenga un pronunciamiento como las feministas lo esperan, en este caso que se apruebe la despenalización del aborto en la entidad, van a recurrir a los tribunales.

De igual manera, Gustavo Miranda García, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política  (Jugocopo) informó que el acuerdo es adelantar el calendario de las sesiones de las comisiones que se tenía programado para el próximo mes de abril, por lo que ahora el pleno lo estaría votando el próximo 15 de febrero para establecer las fechas exactas, el cual aseguró que será en este mismo mes.

Añadió que la intención es que la despenalización del aborto se esté votando por los diputados y las diputadas de la XVI Legislatura, ya sea a favor o en contra, el próximo 24 de febrero.

Recalcó que antes de que se vaya a votar, las feministas deberán retirarse “para que no exista presión” en el voto de los legisladores.

Explicó que por el momento se continuarán con las labores legislativas de manera normal bajo los protocolos de sanidad.

Durante la firma del convenio, Fausto Canto, representante del Frente Nacional de la Familia, se presentó en la reunión para reclamar que no lo invitaron ni participó en el acuerdo.

Sostuvo que la agrupación que representa también debe ser parte fundamental de este análisis para que los legisladores no tomen una decisión a la ligera.