CIUDAD DE MÉXICO.- La Tercera Comisión, que preside la senadora Mariana Gómez del Campo, aprobó un dictamen para solicitar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe sobre las investigaciones que ha realizado a mexicanos involucrados en el caso conocido como “Panama Papers”.

En el punto de acuerdo se explica que el pasado 2 de abril documentos pertenecientes al estudio de abogados panameño Mossack Fonseca, un importante generador de sociedades offshore a nivel mundial, fueron difundidos mundialmente bajo el nombre de “Panama Papers” y que implican a decenas de políticos de alto rango, deportistas y personalidades mundiales, entre ellos a varios mexicanos.

Se señala que algunos de los medios que difundieron esta información indicaron que usar estructuras offshore es completamente legal y hay muchas razones legítimas para hacerlo, especialmente en países con muchas restricciones cambiarias; no obstante, varios de los involucrados están implicados en actividades ilegales, que pueden ir desde tener activos sin declarar o lavado de dinero.

Aunado a ello, se agrega, este tipo de organizaciones pueden servir de pantalla para hacer transferencias de dinero, abrir cuentas bancarias en el exterior y hacer operaciones sin pagar impuestos.

Senadores y diputados coincidieron en que es responsabilidad del gobierno mexicano, por medio del SAT y la PGR, investigar a los connacionales implicados en el “Panama Papers”, pues, “sin duda, se les tiene que llamar para que rindan cuentas”.

De acuerdo con la información filtrada, hay por lo menos 65 compañías mexicanas y 47 beneficiarios relacionados con el caso. En tanto, las autoridades han realizado las investigaciones pertinentes para indagar a las personas y empresas de origen mexicano que se encuentran involucradas.

“Estamos convencidos que los implicados mexicanos tendrán que aclarar el origen y fundamento de los recursos que han invertido en las sociedades offshore de Panamá. Las investigaciones realizadas por las autoridades tendrán que darse a conocer a la sociedad, ya que no puede haber lugar a las especulaciones y a las suspicacias”, subrayaron.