Cancún.- El Instituto de Movilidad que sería creado con la aprobación de la ley del mismo nombre por parte del Congreso del Estado tendría atribuciones más allá de los que fija la Constitución, invadiría facultades de los municipios y normaría concesiones en rubros que son del ámbito privado, señaló hoy el Observatorio Legislativo.
En conferencia de prensa, Eduardo Galaviz Ibarra, presidente de este organismo ciudadano, indicó que el Artículo 115 Constitucional indica que no puede existir una autoridad entre el estado y los municipios, lo que es justamente lo que este instituto sería.
También se le otorga al Instituto control sobre la semaforización, control de señalamiento y nomenclatura urbana, lo que son atribuciones de los municipios.
“Ya se lo han planteado al diputado Fernando Levin diciéndole que esto puede llegar a tener una controversia por parte de los municipios; que no tiene sentido que se le esté dando tanta atribución al Instituto”, indicó el empresario. “Puede hacer la planeación de la política pública de movilidad y tener control de algunos permisos de operatividad del sector de transportes; pero no tener más allá de facultades que la Constitución le da a los municipios”.

CONCESIONES

La Ley de Movilidad también se excede en el control de concesiones, pues la da control sobre estacionamientos y arrendamientos de vehículo cuando la ley señala que el estado concesiona transporte público y de carga, pero no rubros privados como los dos mencionados.
“Los operadores de estacionamientos ya preparan amparos, en función que el estado no puede darles una concesión para operar en una propiedad privada”, alegó.
Por estos motivos, el Observatorio Legislativo propone que se revise esta iniciativa con la participación de todos los sectores, en especial porque muchos temas están “en el aire” y deberán aterrizarse en un reglamento que terminará siendo superior a esta ley.

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Por otro lado, denunciaron opacidad en los gastos de publicidad por parte del gobierno del Estado, por lo que se exhortó al Congreso para que reforme la ley y se obligue a proporcinarla.
“Para el 2018 están presupuestando 150 millones de pesos en gastos de comunicación,”, aseveró. “Queremos saber cómo se está dando y por qué, porque sumándole otras partidas que tienen a su disposición, se llega a una cantidad cerca de los 380 millones de pesos, lo que se considera un exceso”.