Pueblos Unidos nació ante el embate de Los Viagras y el CJNG en cuatro municipios y ante la indiferencia de autoridades de Michoacán para intervenir

Han sido señalados por las autoridades estatales como criminales, versión que desmiente la alcaldesa Irma Moreno Martínez, quien ve en Pueblos Unidos a habitantes que únicamente defienden sus comunidades.

Para la presidenta municipal es el campesino, el jornalero, el agricultor y los ciudadanos quienes se levantaron en armas para defender a sus familias.

En una de las barricadas instaladas en este municipio está José Carlos, un campesino de 32 años de edad, quien narra la manera en que su papá fue asesinado a manos del cártel de Los Viagras.

José Carlos cuenta que 15 días antes, su papá fue torturado por policías de Uruapan, coludidos con la organización criminal; dos semanas después cumplieron la amenaza.

El jornalero revela que su papá, quien era cortador de aguacate, fue desmembrado y sus restos abandonados en un basurero de Uruapan.

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José Carlos, padre de familia, narra que el dolor, coraje y frustración no acabaron con la noticia del asesinato de su padre, sino que se topó con más autoridades coludidas.

Platica que cuando intentó presentar la denuncia penal por el homicidio de su papá, al igual que antes, cuando desapareció, el Ministerio Público le “recomendó” no hacerlo, si quería conservar la vida.

Considera que este crimenquedó impune: “yo iba a meter demanda, pero me dijeron (los ministeriales y el MP) que ni lo intentara o también me iban a matar”.

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El trabajador del campo recuerda que, como en su caso, muchas familias de su municipio fueron víctimas del crimen organizado, con ese grado de violencia, y con total impunidad.

Explica que además de las privaciones ilegales de la libertad, de las desapariciones y asesinatos, los criminales se apoderaron de todo el control económico.

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“Estaba feo. Te llegaban y te asustaban, te maltrataban; no podías andar tranquilo en las calles de las 10 (de la noche) en adelante; te golpeaban y te llevaban con ellos, uno u otro cártel”.

“Nos quitaban la mitad de la raya (a los trabajadores) para ellos; yo ganaba mil 500 a la semana, le quitaban una parte a cada uno de los trabajadores”. 

José Carlos describe que todo eso y el asesinato de su padre lo llevaron a sumarse a Pueblos Unidos, para tener manera de defender a su familia.

“Nunca en mi vida imaginé que iba a agarrar un arma en lugar de un machete o una guadaña para andar trabajando; pero un arma no”. 

José Carlos cuenta que, una vez iniciado ese movimiento civil armado, empezaron a buscar a los criminales para sacarlos de sus poblaciones y proteger a sus familias.

“Con nervios y todo, no sabíanusar un arma siquiera y así anduvimos tras de ellos porque no sabíamos, pero era la vida de nosotros o la de ellos“, sostiene.

El padre de familia insistió que Pueblos Unidos no tiene relación con algún grupo criminal o que su lucha sea para apoderarse de un territorio.

Por el contrario, reiteró que son habitantes que hacen el trabajo que las autoridades de seguridad no han querido hacer por incapacidad o por estar coludidos con “los malos”.

“Yo le digo a la gente que no sabe, que no se dejen engañar de lo que hablan (las autoridades estatales), que dicen que somos gente de maña”.

“Somos pura gente del pueblo, gente humilde que luchamos porque nos dejen trabajar y no nos quiten lo poquito que ganamos o hasta la vida”.

CAMPESINOS… GENTE DEL PUEBLO

Entrevistada al respecto, la presidenta municipal de Ario de Rosales, Irma Moreno Martínez, negó que en Pueblos Unidos esté metida la mano de algún cártel.

“Yo veo campesinos que uno conoce, que están ahí cuidando sus comunidades. No veo más que gente de comunidad”.

La alcaldesa mencionó que este movimiento civil armado inició a finales de 2020 y que para el municipio de Ario de Rosales, que es tranquilo, les cayó de sorpresa.

“Nosotros no acostumbramos atender estos temas, la gente de aquí es noble, sencilla, trabajadora y en realidad nos dedicamos a otra cosa”, atajó la recién reelecta munícipe. 

Explicó que cuando los pueblos unidosse levantaron en armas, ella fue informada por los representantes de la lucha civil armada.

Contó que, incluso, le solicitaron gestionar una mesa de trabajo con las instancias de Seguridad y de la Guardia Nacional para que juntos garantizaran la tranquilidad.

“Ellos manifiestan que la gente (criminal) los molestaba y ahora que están a cargo de sus comunidades están más tranquilos, pero que no es su trabajo”, relata Irma Moreno.

¿Qué tan difícil ha sido coordinar las labores entre Pueblos Unidos y su cuerpo de Seguridad Pública?

Desde el inicio de nuestra administración se firmó con gobierno del estado una coordinación para la policía, donde ellos se hicieron cargo del municipio; es Policía Michoacán la que se hace cargo y a últimas fechas, gobierno del estado ha recogido sus elementos y sus vehículos porque está concentrado todo para hacer la entrega (a la próxima administración). 

¿Entonces no tiene policías?

Tenemos algunos elementos municipales; aproximadamente 36 y estamos abriendo una convocatoria para las vacantes que quedan para contratar más elementos mientras llega el nuevo gobierno. 

¿Considera necesario que se incorpore a las labores de vigilancia la Guardia Nacional?

Sí, es muy importante que la Guardia Nacional nos esté cuidando de alguna manera. Tenemos un cuartel aquí y es la gente de las mismas comunidades, de Pueblos Unidos, que está pidiendo el apoyo de ellos. 

DESARMEN A LOS CRIMINALES

La lucha civil armada de Pueblos Unidos ha ido más allá y pese a la amenaza de desarme y de ser detenidos, ese movimiento ha crecido y no van a parar, advierten.

Pueblos Unidos inició en el municipio de Ario de Rosales y se extendió a las comunidades de Taretan, Nuevo Urecho y Salvador Escalante.

Exigen a las autoridades estatales desarmar y acabar con los cárteles, antes que criminalizar a los pobladores que hacen la labor de seguridad, sin ser su obligación.

Recordaron que por un lado se han defendido del cártel de Los Viagras y por otro frente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

EL ROSTRO DEL DOLOR

El hombre obligaba desde niña a Graciela, la menor de tres hermanas, a trabajar con él y en una ocasión, al clavar unas cajas de madera, se enterró un clavo de acero.

Por su enfermedad, a la niña se le detonó y complicó el cáncer, pero su madre no podía hacer nada por las amenazas del esposo que le impedía llevarla a un médico.

Por pánico a que ella y sus hijas fueran golpeadas severamente -como ya era una costumbre del esposo-, la señora Graciela Ponce tuvo que permanecer callada.

“Ya muérete hija de tu perra madre. Te voy a cortar la pata con la motosierra para que dejes de estar chingando”, le gritaba el sujeto a su hija, al verla que cada día eran más fuertes los dolores y que requería de atención médica especializada.

La mamá era amenazada con ser asesinada, hasta que un día se cansó de ver en mal estado a Graciela y decidió salirse de su casa con sus tres hijas.

“Me armé de valor y pensé que sí me iba a matar, prefería al menos morir en otro lado, pero luchando y defendiendo a mis hijas”.

“Me parte el alma ver a mi hija como sufre con sus dolores, por lo que estaba dispuesta a todo; me armé de valor y la llevé a un médico, aunque ya era muy tarde”.

Cuenta que el cáncer ya le invadió varias partes de su cuerpo, por lo que ha tenido que ser sometida a nueve cirugías mayores.

Graciela Ponce relata que, aunque sí ha recibido atención médica del sector público estatal, hay estudios y medicamentos que tiene que adquirir por su cuenta.

El problema, es que la madre de la joven, gana 500 pesos a la semana como empleada doméstica y afirma que eso no le alcanza a veces ni para la comida.

Por si fuera poco, el gobierno federal le negó una beca a la joven, porque “todavía conservaba su pierna, no se la habían amputado y podía trabajar”, argumentaron.

Recuerda que desesperada y para ayudar a su madre en algo, Graciela grabó un video en el que pedía ayuda económica a los habitantes de su comunidad y de su municipio.

Narra que esa grabación llegó a algunos integrantes de Pueblos Unidos y, sin avisarle, iniciaron un maratón (colecta) para apoyar a Graciela.

Esa colecta se extendió por decisión de su concejo general a las 59 barricadas instaladas por la lucha civil armada en los cuatro municipios donde tiene presencia.

A los pocos días, los representantes entregaron dinero a la mamá de Graciela y fue así que logró llevarla a hacerse unos estudios previos a su siguiente cirugía.

“En Pueblos Unidos nos apoyaron para sus estudios y todos sus gastos, le van a amputar la pierna”.

¿La condicionaron en algo a cambio del apoyo?

No, nunca. Me dio emoción, me dio gusto y sí lloré porque jamás pensé que me fueran a apoyar tanto. Yo estoy sola, tengo mi familia, pero jamás pensé que me fueran a apoyar tanto. Me dio emoción y me dio gusto porque mi hija está sufriendo mucho y yo también. 

Gracias a lo que se juntó en el pueblo y a todas las barricadas de Pueblos Unidos pagué los estudios de mi hija, porque salía caro.    

¿Qué opina que las autoridades han dicho que Pueblos Unidos son delincuentes? 

Para mí, pienso que no, a mí sí me apoyaron y yo les agradezco mucho, porque en cuanto les pedí ayuda todos se unieron y comenzaron a apoyarme. 

Un integrante de Pueblos Unidos enfatizó que la labor de unir a los pueblos inició en el tema de seguridad, pero que ahora, otro de sus objetivos, va más allá de las armas: el sentido humano.

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Nosotros somos de los pueblos y de las comunidades, donde no llegan las autoridades y se trata de que cada vez seamos más empáticos con quienes convivimos a diario

“Por eso es que las barricadas y las movilizaciones son con gente de confianza y qué mejor que gente de las comunidades cuiden y ayuden a sus familias y vecinos”.

(Con información de La Silla Rota).