“La autoridad se delega, la responsabilidad se comparte”, es una máxima en la teoría de organizaciones. Ello significa que, al encomendar tareas a subalternos, se les cede la autoridad, el poder de decisión; sin embargo, esto no lo exime de la responsabilidad por sus acciones. Bajo esta óptica, Roberto Borge es enteramente responsable de toda la tragedia que significó su gobierno, tanto el desbarranco financiero, como el haber hundido a la entidad en la inseguridad, con un alto saldo pagado en sangre, en miedo y en el cierre de comercios.
Hasta en el más somero repaso de ese quinquenio saltan a la vista la larga hilera de omisiones, cuando no descarada complicidad, por la que el gobernador prácticamente alentó la infiltración del elemento criminal en dependencias claves del gobierno como la Fiscalía y las Juntas de Conciliación y Arbitraje, mientras al mismo tiempo mantenía estancada a la Policía Estatal, dejando a la entidad indefensa ante el embate de estos grupos.
AGENTE A LA BAJA
A pesar del incremento en actos delictivos, el gobernador no aumentó el número de agentes de la Policía Estatal, que básicamente solo tenían presencia en Chetumal. Incluso, de ellos, un alto porcentaje estaban comisionados como escoltas para diversos funcionarios, familiares, empresarios y hasta dueños de medios de comunicación.
El propio Borge contaba con 36 elementos, que en lugar de combatir a la delincuencia se encargaban de realizar las compras, pasear a su perro y otras tareas pueriles. En los municipios, sometidos bajo el mando del gobernador, la situación era peor, con un número mayor de agentes rebajados a “mandaderos”; casi 100 tan solo en Benito Juárez.
“CÁNCER” EN LA FISCALÍA
En la Procuraduría (luego Fiscalía) General de Justicia, la descomposición era mayor, no solo por sus más de 40 agentes, capacitados para la investigación de crímenes, también destinados a la protección de influyentes, muchos de los cuales ya no quisieron regresar al ser llamados a su deber, sino por las centenares de carpetas dejadas literalmente pudriéndose en una bodega, por la colusión de los más altos mandos con la delincuencia organizada, como lo demuestra que “Doña Lety”, autora del atentado contra la Fiscalía, fue detenida con el ex escolta del procurador Gaspar García Torres, premiado por Borge con una notaría en Chetumal, asegurando así sus ingresos de por vida.
En tanto, las ejecuciones, de llamativas, pasaron a ser un hecho de todos los días, las extorsiones a empresarios, hecho hasta hoy acallado, también fueron en aumento al gozar de impunidad.
SECRETOS QUE SE FUERON A LA TUMBA: CAPELINE
Borge Angulo sabía de todo esto y no hizo nada, apenas algunas promesas de cámaras, discursos vacíos y entrega de patrullas, que finalmente se descubrió eran “recicladas” a cambio de liquidar las anteriores a una buena ganancia. Esto no era casual, el gobernador dependía de la falta de entereza de todos los mandos para arreglar expedientes a su antojo, para así perseguir opositores, despojar propiedades con falsos laudos, entre muchas otras tropelías que el espía en jefe del gobernador, Isaías Capeline, se llevó a la tumba, pues fue acribillado cuando acababa el anterior gobierno, en un evidente “trabajo interno”.
Toda esta herencia de podredumbre ha tenido que ser saneada y reconstruida, tarea hercúlea todavía en proceso. La Policía Estatal ya cuenta con presencia en todos los municipios, se aumentaron sueldos y prestaciones para reclutar a más interesados; la Fiscalía continúa su profesionalización, separando a quienes no tenían el perfil e imponiendo mecanismos de control para evitar rezagos en expedientes. Ya hay mil 200 cámaras instaladas, producto de un incremento del 100% destinado a Seguridad Pública.
Hay un C5 en construcción. Las policías municipales, reductos de grupos de poder y habituales a gestar paros y manifestaciones cuando se les pedía disciplina, ya están integradas a un Mando Único.
LOS MUERTOS DEL QUINQUENIO
Pero entre la debacle y la recomposición hay un camino regado de cadáveres, son centenares de asesinatos cuya responsabilidad ineludible es del propio Borge Angulo. De no ser el Código Penal tan estrecho en su definición de homicidio, podría meditarse el castigo ejemplar que merece alguien que intencionalmente defraudó la confianza colectiva.
Afortunadamente, el ex gobernador, ayer tan aplaudido y hoy desconocido por todos sus aliados, cometió muchos otros atropellos, varios de ellos comprobables y que se configuran en delitos, son por estos “tecnicismos” que se le mantiene tras las rejas: una entrega de concesiones a empresas amigas, el pago de unos vuelos desfalcados, unos terrenos rematados a precio de ganga. En realidad, las irregularidades específicas casi son indistintas, pues a vista de todos se sabe que son representativas de una sanción mucho mayor, por su papel en entregar la entidad a delincuentes. Allí, no hay castigo que alcance.
