Cancún.- En México se cuentan con leyes, sin embargo, las instituciones ambientales y quienes están en ellas no están a la altura de lo que el país necesita, reconocen ecologistas.

Para Katerine Ender Córdova, presidenta de la asociación Guardianes del Manglar, la ciudadanía mantiene un combate constante contra la corrupción, pues son abundantes los vacíos y las omisiones por parte de las autoridades, quienes tienen que ser prácticamente obligadas a cumplir su labor con base en denuncias y participación ciudadana.

Entrevistada en el marco del Día del Manglar, la activista lamentó que los humedales en el estado y el país no están protegidos, porque las instituciones no hacen lo debido.

En su opinión, las autoridades tienen una gran responsabilidad, pero en lugar de proteger, avalan proyectos invasivos en estas zonas.

“La ley lo prohíbe, y por eso desgraciadamente falsean datos y no inspeccionan como es debido. Lo que se requiere, cuando se plantea un proyecto ecocida, es un no rotundo, pero no ocurre, ya que se prestan a corruptelas con los empresaris”, afirmó.

Tal ha sido la realidad de Tajamar, Puerto Cancún, Puerto Morelos y a lo largo y ancho del país, donde se ha devastado estos hábitats naturales para instalar desarrollos turísticos.

A nivel internacional, hay normas y tratados que respaldan la causa ambiental, los que están suscritos por México, pero no existe ese compromiso de parte de las autoridades.

Todos esto demuestra que no sirve de nada poner fechas alusivas si no se cumple con lo que se pretende.

“Hoy es un día, más que para festejar, para llamar la atención sobre lo que está ocurriendo con nuestros manglares”.

PREDIO ALBATROS EN PLAYA DEL CARMEN

Sobre el caso del predio Albatros, en Playa del Carmen, Ender Córdoba comentó que intentó ingresar una denuncia a la PGR, pero señaló la carpeta de la investigación y le dijeron que no existe.

“Tristemente, los agentes ministeriales no ven el tema como importante. En Playa del Carmen los ignoran de una manera muy lamentable. Existe una clausura, pero la Profepa ha sido omisa”, indicó.

Las autoridades responsables, tanto de la Profepa como de la PGR incurren en responsabilidades administrativas y penales, al no dar cauce a las denuncias presentadas sobre este caso.