Felipe Carrillo Puerto.- Luego de las diversas gestiones realizadas por ciudadanos de siete municipios de Quintana Roo, incluidos los de la zona maya, área con mayores carencias económicas de la entidad, ciudadanos carrilloportenses aplaudieron la reunión llevada a cabo entre legisladores federales y locales con personal de la Comisión Federal de Electricidad. Esperan que se trate del primer paso para que se pueda lograr reducir la tarifa que se paga actualmente.

Ciudadanos integrantes del comité de lucha por el cambio de tarifa de 1B a 1F resaltaron el apoyo que les han brindado tanto los diputados locales como federales y senadores de los partidos Morena, Del Trabajo y Verde Ecologista de México, quienes buscaron una reunión con el ingeniero José Marín Mendoza Hernández, director general de Suministro Básico de CFE, la cual se llevó a cabo el 26 de septiembre pasado.

La reunión, encabezada por el diputado federal Jesús Pool Moo, y a la que asistieron el senador José Luis Pech Várguez; las diputadas federales Mildred Ávila Vera, Patricia Palma y Ana Patricia Peralta; así como los diputados locales Alberto Batún Chulim, Paula Pech y Ana Pamplona, siguió de un punto de acuerdo elevado por tres diputados federales de Morena ante el Congreso de la Unión.

Ello, en respuesta a múltiples manifestaciones y hasta la toma de las instalaciones de la CFE en José María Morelos, Felipe Carrillo Puerto, Bacalar y Othón P. Blanco.

El pasado viernes se supo que la CFE había acordado a homologar las tarifas para todo Quintana Roo, pues ahora municipios como Cozumel o Puerto Morelos tienen cobros más baratos.

En conferencia de prensa y leyendo un comunicado, el comité de lucha de Felipe Carrillo Puerto se pronunció a favor de este acuerdo, que garantizó además que no habrá cortes de luz durante las próximas dos semanas e invita a los morosos a pagar y ponerse al corriente. Y que además promete revisar los casos donde los usuarios creen se está cobrando más de lo que se consume.

Los quejosos se comprometieron a entregar toda la documentación requerida para demostrar que se comete lo que ellos llaman una injusticia: los altos cobros de los que son objeto. Aseguran además que estarán pendientes de la reunión que se debe dar en 15 días para ver los avances respecto al tema.