Campeche.-Ciudadanos y organizaciones no gubernamentales, obtuvieron la suspensión definitiva relacionada con el amparo presentado en julio del 2020 en contra del proyecto Tren Maya.

En conferencia de prensa, se informó que comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad, obtuvieron este recurso legal contra el Tren Maya, por tanto, no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya en el tramo 2. Lo anterior abarca de Escárcega a Calkiní, en Campeche.

Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, lo cual constituye un beneficio para la sociedad en general. “Esperamos que, ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución, que ya es vigente en México para todas las autoridades y decida suspender todo el proyecto”, apuntó el colectivo.

Las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya (TM).

Con relación a la reciente Autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental de la Fase 1 del Tren Maya, otorgada por Semarnat a Fonatur TM, tampoco podrán realizarse obras para dicha fase, toda vez que dentro de ésta se incluye obras nuevas en el tramo 2 de Escarcega a Calkiní, el cual, como ya se mencionó, se encuentra suspendido conforme a la decisión del Poder Judicial.

El colectivo de personas y organizaciones que interpusieron este amparo llaman al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, y solicitan a la autoridad judicial actuar con mayor diligencia en este caso, “pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán están ocurriendo muchas dilaciones procesales”.

Por último, llaman a las autoridades para que garanticen el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales a ejercer su labor y a actuar a fin de que cesen los ataques de los que hemos sido objeto por ejercer nuestro legítimo derecho a oponernos a las obras del Tren Maya, al considerar que violentan nuestro derecho al territorio y a un medio ambiente sano. Desde que se inició este proceso de defensa, los involucrados, tanto en casos individuales como colectivamente, hemos sido blancos de ataques, amenazas, deslegitimación y criminalización por el mero hecho de oponernos a este proyecto.