PLAYA DEL CARMEN, MX.- A tres años de haber entrado en vigor la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios del Estado de Quintana Roo, preocupa a cámaras y asociaciones que aún haya asesores “patito” ofreciendo servicios en la Riviera Maya.

Se alían Canaco y AMPI

Por ello, en rueda de prensa conjunta, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur), y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Playa del Carmen, alertaron a la ciudadanía para que no sean víctimas de un posible fraude.

Y es que, expusieron, para ofrecer los servicios, se requiere ya de una preparación y certificación obligatoria.

José Luis Hernández Barragán, presidente de la Canaco en Playa del Carmen, comentó que la ley se publicó el  6 de junio de 2014, y esta enfocada a toda persona que realiza actividades de compra-venta, como intermediarios, “que hoy ya no es tan fácil que se haga esta actividad, está regulada por la ley y quienes la ejecutan es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) y otras autoridades como el poder judicial del estado”.

Por lo anterior, Ana Alicia López, presidenta de AMPI Playa del Carmen, pidió a las personas que vayan hacer una compra-venta, “se acerquen a un profesional inmobiliario, certificado en Quintana Roo. Ya contamos con documento, lo pueden pedir y hay un padrón que pueden buscar en la página de Seduvi”.

“Sugerimos pidan el documento que lo avale que están capacitados y cubren los códigos de ética, porque es su patrimonio el que está en juego”, añadió.

Aunque no ofrecieron cifras de cuántos asesores irregulares existen aún en la entidad, insistieron en el riesgo que hay para un inversionista, de adquirir un bien inmueble.

Al respecto, Enrico Dozza, vicepresidente de Inversión Extranjera de la Canaco, sostuvo que al aliarse de esta manera (con la AMPI) “queremos que en este polo turístico haya certeza y garantía al inversionista, que sea asesorado por alguien preparado, porque pone mucho dinero  y debe tener la confianza para no tener problemas después”.

Consideró que esta matriculación es un logro de muchos años y por ello quien practique esta actividad sin contar con la documentación, podría hacerse a una sanción de hasta 80 mil pesos.

Además, con esta alianza, la Canaco y la AMPI podrán recabar cifras de lo que la actividad genera en el destino, como los millones de pesos en inversión.