La confirmación por parte de fuentes federales de que las armas utilizadas en la masacre de la familia LeBarón son de manufactura estadounidense, evidenció este tráfico ilegal que varios gobiernos estatales han pedido se controle, al igual que el narcotráfico, ya que de otra manera no podrá contenerse la violencia desatada en las entidades por el crimen organizado que en el caso de Quintana Roo es responsable de 9 de cada 10 asesinatos violentos.

El analista político Raymundo RivaPalacio indicó que el gobierno de México aceptará el apoyo del FBI en el esclarecimiento del asesinato de la familia LeBarón, y pedirá que rastreen el origen y la ruta de las armas utilizadas. “El spin (propaganda) del gobierno ante las críticas en Estados Unidos se enfocará al negocio de las armas que llegan a las organizaciones criminales en México”, comentó.

Esa situación, del tráfico ilegal de armas que fortalece a los grupos criminales y deja en desventaja a los cuerpos de Seguridad Pública de los estados, ha sido expuesta reiteradamente por gobernadores de las entidades donde los grupos del narcotráfico han disparado la violencia en los últimos años. Sin embargo, las fuerzas federales no habían respondido hasta el momento.

El estudio Beyond Our Borders publicado por el Center for American Progress, señala que a México ingresan cada año un aproximado de 213 mil armas ilegales desde territorio estadounidense, aunque según declaraciones oficiales esa cifra se queda corta: Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana informó que se están contrabandeando mil armas diarias a México; son 365 mil armas al año. Muchas de ellas entran por la frontera norte del país. Entre Tijuana y Matamoros, hay 2 mil 500 armerías y no son para vender las armas a los residentes de los Estados Unidos; su negocio es venderles armas a quienes las van a cruzar a México, reveló el funcionario.

En la práctica, sin embargo, la porosidad y corrupción en las aduanas mexicanas solo ha sido atendida para controlar el flujo de migrantes. En cambio Quintana Roo, como otros estados, han sufrido recortes en sus presupuestos para combatir el crimen y la disminución de efectivos de las fuerzas federales.

En la actual situación ningún esfuerzo, por extraordinario que sea, será suficiente para frenar al crimen organizado, el responsable de que se haya disparado la violencia a niveles históricos en el país, si las autoridades federales son las que facilitan a los narcotraficantes sus fuentes de financiamiento, redes de operación, mercados, tráfico de armas y reclutamiento de indocumentados.

Así como el tráfico de armas, el lavado de dinero es delito del orden federal y, por tanto, facultad de la federación para combatirlo. Las armas, traficadas desde Estados Unidos, le dan capacidad de fuego a los criminales, y el lavado de dinero financia sus operaciones. Se estima que el lavado de dinero en el país alcanza el 5% del PIB (Producto Interno Bruto) lo que significa que alrededor de 45 mil millones de dólares de dinero sucio pasa cada año por bancos, empresas de seguros, agrupaciones aparentemente religiosas, inmobiliarias y casas de bolsa, entre otras ramas.

Por todo lo anterior los gobiernos estatales, como el de Quintana Roo, sostienen que la única forma de reducir la violencia en el país, es atacar sus orígenes porque con la detención de los criminales, tarea en la que concentran sus esfuerzos actualmente, lo único que se ha conseguido es que por cada detenido aparezcan otros dos delincuentes.