Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, se ha hecho del control de los colegios privados de la entidad, luego de que el Congreso aprobara de “fast track” la nueva Ley de Educación, que establece políticas más duras al incorporar sus inmuebles al Sistema Educativo Estatal.

Además, establecerá sanciones por 440 mil pesos ante posibles actos arbitrarios, como la retención de documentos o la negativa de brindar educación.

Por su parte, las instituciones del ramo, así como las asociaciones, han rechazado dicha ley, pues se pasó sin previo análisis o sin tomar en cuenta la opinión de universidades ni escuelas privadas, por lo que ya buscan la manera de actuar legalmente.

La ley fue aprobada el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de Juntos Haremos Historia.

José Mata Temoltzin, rector de la Universidad Anáhuac, dijo que tanto su institución como la Federación e Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, analizan las acciones a seguir, luego de que acudieran a dar sus propuestas pero sin ser escuchados.

Para el rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, la nueva ley ataca al sistema privado de educación, pues tiene un “espíritu intervencionista”.

Partidos como el PRI y el PAN en la entidad advirtieron que llevarán a la Corte la impugnación a la ley.

Dentro de los artículos que incluye esta polémica ley, están el 105, que establece que los bienes muebles e inmuebles de las escuelas particulares pasarán a ser parte del Sistema Educativo Estatal, aunque la norma no específica con claridad qué representa este hecho.

De acuerdo con El Heraldo de México, las autoridades educativas de Puebla aún no han dado su opinión respecto a este tema.

Mientras, Miguel Barbosa, ha argumentado que la ley defiende la educación, ya que esta “no es un negocio, no debe ser un negocio y nunca debe ser utilizada para lo que se utilizó en otros tiempos: las estafas maestras”, comentó.

La norma también permite investigar aumentos en las cuotas particulares, prohíbe que se condicione la compra de uniformes y materiales, además las instituciones tendrían que colaborar en esquemas de fiscalización que podrán ser autorizados por la SEP.

La Federación para la Defensa de Escuelas Particulares analiza promover un juicio de amparo para las 25 instituciones afiliadas, expresó el coordinador jurídico, Jesús González, quien agregó que el plazo para ejecutar esta acción vence el 30 de junio, ya que los tribunales aún permanecen cerrados.

Con información de El Heraldo de México