Por tercer año consecutivo, el mismo grupo de agentes del Ministerio Público y Policías Ministeriales, se manifiestan para alegar supuestas situaciones laborales que en realidad ocultan su renuencia o abierta negativa a acatar disposiciones disciplinarias, o incluso a someterse a los exámenes de control y confianza.
Primero se manifestaron afuera de las oficinas de la Fiscalía General del Estado, en Chetumal y Cancún, y en últimas fechas ya están afuera del Congreso del Estado para que atiendan su caso. Por una parte, buscan que los diputados le otorguen un mayor presupuesto al organismo al que pertenece, para así solicitar mayores salarios, pero por otro lado, tratan de politizar un tema que es exigencia ciudadana: eliminar la corrupción y sanear la procuración de justicia.
Cuando hablan de maltrato o de despotismo, está claro que se refieren a los controles de confianza, y a los estándares de eficiencia que ahora se exige en su trabajo, para eliminar el rezago en la atención de casos y para eliminar la corrupción, prácticas que no quieren abandonar.
Varios de los actuales inconformes están suspendidos por haber cometido irregularidades, y uno de los principales promotores de estas movilizaciones ha sido señalado en diversas narcomantas de estar relacionado con grupos delictivos.
Debe decirse que la Fiscalía General del Estado, como organismo heredero de la Procuraduría General de Justicia, es una de las instancias en mayor necesidad de ser saneada, por haber estado por años coludidas con el crimen organizado, además de tener prácticas endémicas de corrupción e ineficiencia.
Desde la llegada de Oscar Montes de Oca, se ha comenzado a poner orden en la Fiscalía, con una reestructura interna que aumenta la transparencia y vigilancia en los trámites, así como al colocar a gente con estudios al frente de los expedientes. Esto ha generado una fuerte reacción por quienes se niegan a perder su coto de poder, y prefieren mantenerse en la opacidad.
Por ello, en lugar de pedir aumentos salariales, están pidiendo la salida del fiscal actual, con el falaz argumento que ha traído “allegados” suyos de la Ciudad de México. Como él mismo lo ha explicado, son cerca de 10 personas las que han venido, pues el nivel salarial en Quintana Roo no es tan atractivo como el de la capital del país.
Para todos aquellos ciudadanos que han denunciado algún delito y le han exigido una suma de dinero o no le han prestado atención, el permitirles continuar operando como siempre es inaceptable.
Por ello, ahora que los legisladores han abordado este tema, es crucial que realmente se enfoquen en el temas presupuestales, que es lo que les corresponde, y eviten politizar un tema de transparencia, dándoles una excusa a estos agentes a retrasar la modernización de la procuración de justicia.
