Chetumal.- Las leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo entraron en funcionamiento a partir de este viernes, donde la participación ciudadana tiene un papel fundamental.
Sistema Anticorrupción
Durante la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción de Quintana Roo la participación ciudadana jugó un papel preponderante, por lo cual, en el ejercicio y aplicación de los reglamentos ésta también tendrán una función elemental.
El presidente de la Gran Comisión del Congreso de Quintana Roo, Eduardo Martínez Arcila, comentó que Al entrar en vigor las bases legales necesarias, la entidad podrá continuar con el desarrollo del Sistema Estatal Anticorrupción, así como la construcción administrativa de sus órganos, los procesos de designación y el inicio de funciones sustantivas.
“Para lo cual la participación ciudadana seguirá siendo parte fundamental en la implementación de este sistema de combate a la corrupción”, comentó el legislador.
Temas pendientes
Entre los procesos siguientes, se encuentra la designación de la persona que ocupará la titularidad de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la designación del nuevo titular de la Auditoría Superior del Estado, y la ratificación del titular de la Secretaría encargada del Control Interno del Poder Ejecutivo.
En el caso del fiscal anticorrupción, el Fiscal General tiene 60 días naturales contados a partir del 4 de julio pasado, fecha en que entró en vigor la primera reforma constitucional en materia anticorrupción, para remitir la terna correspondiente a la Legislatura.
Las nuevas leyes que ya se encuentran vigentes son: la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, la Ley de Responsabilidades Administrativas, y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, así como reformas al Código Penal donde se incluyeron los tipos penales de los delitos en que pueden incurrir servidores públicos y personas jurídicas.
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Sin embargo, aún está pendiente que se lleve a cabo el cómputo de votos de una segunda reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, en la que se hicieron ajustes relacionados con la designación de los órganos de control interno.
