Chetumal.– Aunque la Oficialía de Partes del Congreso local recibió una iniciativa de Ley de Transporte por parte del Ejecutivo del Estado, que fechó el día 5 de diciembre, el diputado Fernando Zelaya asegura que esta propuesta es anterior, del 14 de noviembre, previa a la presentación de la iniciativa de Ley de Movilidad por parte del Legislativo.
La iniciativa firmada por el gobernador Carlos Joaquín González es llamativa, pues limita el transporte público (incluso el brindado por plataformas digitales) a aquel que cuenta con una concesión expedida por la Secretaría de Infraestructura y Transporte. Esto, en teoría, le cerraría la puerta a Uber. En contraste, la Ley de Movilidad, actualmente en análisis por parte de las comisiones legislativas, regulariza estos servicios a través de un permiso anual.
Cuestionado al respecto, Fernando Zelaya, presidente de la Comisión de Transporte, indicó que la iniciativa del Ejecutivo en realidad fue signada el 14 de noviembre, y seguramente elaborada desde antes, lo que significa a que es anterior a la Ley de Movilidad. Se decidió turnarla, para que sea usada para complementar a la última.
En específico, indicó que esta iniciativa tiene una estructuración muy detallada en cuanto a seguridad, que deberán cumplir tanto concesionarios como permisionarios, y hace explícito el proceso de revocación de permiso o concesión para aquellos que estén inmiscuidos en actos delictivos.
Estos son temas que ya estaban contemplados en la Ley de Movilidad, pero que esta iniciativa viene a reforzar, añadió, pues “no titubearemos en cuanto a la necesidad de garantizar seguridad”.
En sus artículos 32 y 33, esta iniciativa de Ley de Transporte deja en claro que cualquier transporte público (definido como aquel por el que recibe una remuneración) debe contar con una concesión estatal, penándose una situación contraria. En otros lados de la ley, sí se mencionan permisos, pero estos no son definidos.
REVISIÓN
Además de esta iniciativa, también cuentan con propuestas u observaciones recabadas en mesas de diálogo con distintos sectores, como taxistas, Uber y el sector empresarial, para avanzar de las inconformidades a la participación, al existir un consenso en la necesidad de una nueva ley y en la creación de un Instituto de Movilidad.
“Ya tenemos las observaciones del Observatorio Legislativo, de la Coparmex y hoy recibiremos las propuestas del Frente Único de Trabajadores del Volante (FUTV), compuesto de 17 sindicatos de taxistas del estado”, detalló el panista.
Todo será revisado por los diputados con el interés primordial de hacer prevalecer las necesidades de los ciudadanos, por contar con orden, menores tiempos de traslado e infraestructura.
