El extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios realizados a testigos del caso Ayotzinapa, en las que se puede observar torturas por parte de funcionarios públicos.

Este material forma parte ahora del robusto expediente de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, el cual documenta “manipulación masiva y sistemática” de las evidencias para fabricar la llamada “verdad histórica”, revelaron fuentes cercanas al caso al diario Milenio.

Los interrogatorios fueron realizados entre octubre de 2014 y enero de 2015 y, según estas fuentes, su propósito no era obtener información fidedigna de los sospechosos sino “desinstalarlos” intelectual y emocionalmente para “desligarlos” de lo que sabían y convertirlos en “repetidores de la versión” oficial dada por el ahora exprocurador general Jesús Murillo Karam y el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio.

De acuerdo a los funcionarios consultados, el mismo Zerón, junto a Gualberto Ramírez, Jefe de Antisecuestros, y otros funcionarios de la Fiscalía, aparece en los videos sometiendo a las víctimas a tratos inhumanos, dictando instrucciones u observando sin objetar. La investigación oficial incluye un peritaje internacional que corrobora que la voz que se escucha en varios de los videos es la de Tomás Zerón.

Además de tortura, el expediente documenta montaje de escenarios del crimen, fabricación de pruebas, destrucción o inutilización de evidencias, omisión de procedimientos y de líneas de investigación, indagatorias insuficientes o desestimadas, desprotección de lugares donde había elementos relevantes e intimidación de testigos, entre otras irregularidades.

Los videos se encuentran en carpetas digitales que incluyen, además, pruebas forenses (incluidas las obtenidas de teléfonos celulares extraídos ilegalmente por la Fiscalía) y forman parte de las pruebas y testimonios sobre el que la Unidad Ayotzinapa sustentará denuncias penales por asociación delictiva contra los sospechosos de falsificar la investigación oficial.

La perspectiva de “macrocriminalidad”, tal y como considera la Fiscalía, se fundamenta en que la entidad considera que las acciones de este conjunto de personas no tienen origen en decisiones individuales, sino que “fueron producto de una red coordinada para delinquir”.

Asimismo, los investigadores han detectado inconsistencias sobre el lugar en el que fueron halladas las bolsas que contenían los supuestos restos de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que desaparecieron en 2014 junto a otras 42 personas a manos de agentes de la Policía del municipio de Iguala. También existe abundante documentación que demuestra inconsistencias y abusos en los procedimientos realizados por Zerón y sus subordinados.

Está previsto que miles de personas salgan a la calle en el marco del séptimo aniversario del caso Iguala, si bien los padres de las víctimas ya se han manifestado frente a la Fiscalía y han anunciado que se reunirán con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

(Con información de Proceso).-

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