La consulta ciudadana que se llevó a cabo el pasado 5 de junio en la que se preguntó a los habitantes de 4 municipios si querían que se cancelara el contrato de concesión del servicio de agua potable fue un ejercicio interesante, aunque en realidad fue pura demagogia.
¿Por qué? Porque la ley de Quintana Roo no contempla la figura de la consulta como medio para poder cancelar una concesión o un contrato. Por lo tanto, además de que no se lograron los números que esperaban quienes impulsaron el ejercicio, se estaría violando la ley si se quisiera hacer vinculante.
Incluso expertos jurídicos han señalado esto mismo en medios de comunicación.
“La ley estatal de Quintana Roo en materia de aguas prevé la terminación anticipada o revocación de una concesión del servicio público municipal cuando existe un incumplimiento de las obligaciones por parte del concesionario del servicio. En otras palabras, no está previsto expresamente esa terminación anticipada o revocación como consecuencia de una consulta popular”, señaló un abogado experto en temas hídricos, en una entrevista radiofónica.
Agregó que querer usar la consulta para cancelar la concesión sería ilegal e inconstitucional.
¿CÓMO SE VA A BRINDAR SERVICIO?
Pero además hay otro elemento a tomar en cuenta. Si pese a todo, las autoridades quieren terminar el contrato de manera unilateral y están dispuestas a asumir el alto costo que implicaría, hay otro problema que se presenta: ¿Qué organismo o dependencia se haría cargo de brindar el servicio de agua potable en Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres?
¿Sería la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA)? Ya donde opera ha mostrado deficiencias y falta de recursos. ¿Con esas dificultades haría frente a dos de los municipios con mayor demanda como Benito Juárez y Solidaridad? Y además no son solo esos dos, son cuatro.
A eso habría que agregar que si el estado va a asumir una parte de los 13 mil 500 millones de pesos que se pagarían de indemnización por rescindir el contrato de concesión, tampoco habría recursos para inyectarle a la CAPA.
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La otra opción es contratar a otra empresa privada, pero justo eso es lo que han criticado los que quieren cancelar el contrato; ya no quieren más concesiones.
Ante ello parece que las autoridades están ante varias encrucijadas. ¿Qué decisión tomarán? Está claro que cancelar el contrato de concesión solo traería más problemas.
