Las autoridades mexicanas de todos los niveles incurren en responsabilidad institucional al no prevenir, investigar, sancionar y reparar la persistente y continua explotación irregular o ilegal de carbón mineral en Sabinas, Coahuila, lo que genera afectaciones y riesgos para la población.
La recomendación está centrada en las actividades mineras de las comunidades de Agujita y Cloete. En Agujita se encuentra el pozo minero que colapsó este miércoles y que dejó a nueve trabajadores atrapados.
Valga acotar que la conclusión de tales recomendaciones se deben a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que publicó el 9 de diciembre de 2018 y que alertó por el riesgo que representan los cauces de agua modificados por la industria minera, tanto para los trabajadores como para las zonas habitacionales.
La recomendación obligaba a tomar acciones a dependencias como la Secretaría de Economía, de Medio Ambiente, la Comisión Nacional del Agua, gobierno estatal de Coahuila y municipal de Sabinas, entre otras.
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La CNDH observó que en los lugares donde se ubican las excavaciones, no existen medidas de seguridad y señalización para evitar accidentes, lo que implica riesgo para los habitantes ante las deficiencias de las autoridades para hacer efectivos los ordenamientos señalados, lo cual también da cuenta de su ineficacia en la Región Carbonífera.
Uno de los aspectos estudiados por los investigadores fue el peligro que representan los “pocillos”, como el que colapsó este 3 de agosto; se trata de la técnica de extracción de carbón mineral a través de pozos verticales, normalmente a través de mecanismos artesanales empleados por pequeños mineros.
La CNDH encontró que la Secretaría de Economía ha sido omisa para investigar y sancionar la explotación de carbón mineral en sitios no amparados por concesiones; en el documento de 2018 se detalló una serie de pozos irregulares.
También se concluyó que la secretaría ha llevado a cabo una deficiente investigación para determinar el cumplimiento de las obligaciones que establece la Ley Minera para los concesionarios, fundamentalmente en los ámbitos de seguridad estructural, protección del medio ambiente y afectaciones a terceros, sin olvidar que dichas perturbaciones son presentes de igual manera en los casos de explotación ilegal sin concesión que los ampare.
En cuanto a la SEMARNAT, la responsabilidad institucional se motiva, inicialmente, en la falta de exhaustividad para evaluar los impactos ambientales.
Con información de: Aristegui Noticias
