El mecanismo de protección a periodistas ha registrado hasta 65 solicitudes de personas de Quintana Roo que se han buscado adherir a esta opción que brinda el gobierno federal. Así lo dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación estatal.
De estas personas 55 son periodistas y 10 defensores de derechos humanos, detalló en entrevista Antonio Prado Laguardia, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación de Quintana Roo (Segob).
“Estamos cerrando con un número hacia arriba en ese tema. Seguimos trabajando de manera coordinada con el mecanismo federal. Es al final, por la Ley de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas quienes tienen las facultades de hacer esos análisis de riesgo. Sí hacemos análisis (de riesgo) pero a quienes les corresponde y quien tienen la Junta de Gobierno y decide las protecciones es la Junta de Gobierno del Mecanismo Federal”, informó el funcionario.
Respecto a cuál es la razón por la que los periodistas solicitan ingresar al mecanismo de protección, Prado Laguardia dice que es porque temen represalias debido a su labor. Dice que él ha estado en contacto con compañeros periodistas y que ha notado el temor de algunos de ellos, que creen que su vida corre peligro.
El subsecretario explicó que cuando los periodistas o defensores de derechos humanos están en peligro, el mecanismo evalúa si se trata de casos extraordinarios, que es cuando se les extrae de manera rápida en lo que pasan a la Junta de Gobierno.
LEY GENERAL
Por otro lado el subsecretario planteó que ya se está trabajando a nivel federal en una nueva ley, y que podría estar lista muy pronto.
“Está trabajando el mecanismo federal y yo creo van hacia un cambio en la ley y van a crear una Ley General de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas”, extermó Prado Laguardia.
Y esta Subsecretaría ya está trabajando para cuando se dé esta ley; si es como estoy viendo la tendremos en breve”, añadió.
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En cuanto a esta ley federal en la que se trabaja, el subsecretario destacó que se ha estado sondeando la opinión de los periodistas y defensores de derechos humanos en los estados.
“Va hacia una ley federal, que obliga a los estados a hacer lo propio de manera estatal, que es lo que no está pasando ahorita. Cuando la ley es general se genera por la misma ley la obligación en los estados”, señaló.
Sobre si esta nueva ley permitiría tiempos de respuesta más rápidos, el funcionario respondió que de entrada permitiría trabajar de otra forma pero sí es necesaria una fuerte inversión en el tema.
