Es curioso que el gobierno mexicano rechace enérgicamente las acusaciones raciales de Donald Trump y critique sus estrictas políticas de migración, cuando miles de sudamericanos, asiáticos e inclusive propios mexicanos, viven un infierno al atravesar el país en búsqueda de una mejor calidad de vida.
Para evidenciar lo anterior, basta con adentrarse en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, donde la ausencia de leyes y la zozobra con la que son tratados miles de migrantes impera.
En el 2016 se llegó a registrar la presencia de por lo menos 20 mil haitianos en la zona fronteriza, principalmente en los estados de Tijuana y Baja California. Las razones por las que abandonaron Haití fueron, entre otras, el terremoto que sacudió al país en 2010 y el huracán Matthew el año pasado.
Tras el terremoto, Estados Unidos concedió un estatus de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) para que los haitianos pudieran refugiarse en su país hasta el 2017.
Miles utilizaron a México como puente para llegar, sin embargo, luego del endurecimiento a las políticas de migración bajo el mandato de Barack Obama y sucesión de Donald Trump, la protección se canceló y la mayoría de los migrantes que intentaron arribar después del huracán Mattew quedaron varados en el país Azteca.
Lejos de que el gobierno mexicano establezca el orden en los límites fronterizos, la sociedad civil es la que se ha organizado para “paliar el problema”. Organismos religiosos, por ejemplo, han instalado albergues para migrantes y deportados, donde pueden tomar un descanso y alimentarse luego de haber sorteado inimaginables riesgos.
Las inclemencias de quedarse
De acuerdo con el Presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos, Wilner Metelus, hay migrantes que ya no quieren cruzar la frontera, sino que se quieren quedar en México pues han encontrado una oportunidad de desarrollo.
No obstante, las autoridades mexicanas sólo han otorgado visas humanitarias a cuatro mil, de los 20 mil haitianos contabilizados en 2016. Lo preocupante es que esta visa tiene vigencia de un año, y a pesar de ser renovable, no permite al migrante trabajar ni acceder a todos los derechos de un ciudadano.
“Siguen recibiendo una visa humanitaria, pero yo me preguntó ¿para qué sirve si no pueden abrir una cuenta en el banco y en las escuelas no quieren recibirlos?” señaló Wilner Metelus.
Los migrantes sudamericanos tienen que lidiar no sólo con la burocracia del gobierno sino también con la xenofobia y racismo de la sociedad. IPS documentó la “revisión especial” que se le hace únicamente a las personas con piel más oscura o que casi no hablan español, en los puestos de control de entrada en la frontera de Mexicali.
El 28 de enero del presente año, dos haitianos fueron heridos de bala, según el semanario ZETA afuera de un albergue a manos de un sujeto a bordo de una bicicleta.
El hecho se suma a la ola de violencia de azota a Tijuana, pues tan sólo en lo que va del año se contabilizan 450 muertes violentas. De acuerdo a la fiscalía estatal entre el 75 y 80 por ciento de los casos están relacionados con compra y venta de drogas.
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Urge que el estado mexicano resuelva de fondo la situación de los migrantes no sólo desde una perspectiva política, sino también humanitaria, que proteja los derechos humanos de las personas que se encuentran en el país, cuyo único propósito es sobrevivir a la crisis de sus naciones y encontrar un lugar en el que puedan vivir tranquilamente.
