Al existir indicios claros de que el incendio de Holbox fue provocado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, clausuró de manera temporal 87 hectáreas afectadas.
Durante un sobrevuelo por la zona siniestrada, el titular de la dependencia federal Guillermo Haro Bélchez y el jefe de Estado Mayor de la Quinta Región Naval, el vicealmirante Luis Felipe López Castro, observaron la magnitud del desastre.
Supervisaron los trabajos de inspección con apoyo de la Secretaría de Marina, SEMAR. En el área siniestrada del Ejido Holbox, se detectaron matorrales con marcas de pintura roja, evidencia de la presencia humana antes que se desatara el fuego.
Murieron animales quemados
Especies endémicas de Palma Chit, Palma Nacax, Chechen, Uva de mar, Maguey y elementos de selva baja quedaron reducidos a cenizas.
Con base a la evidencia del daño, se determinó que el fuego tuvo un avance Este–Oeste, con desplazamiento irregular, flanqueado por la humedad de la vegetación lateral y por la disponibilidad y alineación del material combustible.
Se afectó la capa orgánica de suelo hasta 6 centímetros de profundidad.
Ejemplares de venados, mapaches, ocelotes, lagartijas e iguanas murieron en el incendio. Otros de su misma especie se vieron desplazados.
Incendio de Holbox fue provocado
Para determinar las causas del incendio, se hizo un sobrevuelo por la zona buscando claros, brechas, asentamientos o construcciones rusticas que pudieran indicar pruebas de participación humana; pero fue a través del recorrido por tierra en la totalidad de la superficie afectada donde se observaron matorrales con marcas de pintura roja, que evidenciaron la presencia humana antes del siniestro.
A fin de prevenir otros ilícitos como el cambio de uso de suelo, se impuso como medida de seguridad la Clausura Total Temporal, por lo que se establecerán sanciones contra quien resulte responsable.
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La sanción puede llegar hasta los 20 mil días de salario mínimo como multa de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, junto con las denuncias penales correspondientes que pueden llevar de 1 a 9 años de prisión.
También se dictarán medidas de restauración y se solicitará a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT, no autorizar cambios de uso de suelo durante los próximos 20 años.
