Durante ya muchos años en Quintana Roo, el robo o usurpación de la identidad de las personas tanto físicas como morales ha sido una constante.
La enorme cantidad de actos ilegales de clonación de páginas web y redes sociales de hoteles y prestadores de servicios turísticos para hacer fraudes a los desprevenidos viajeros haciéndose pasar por el negocio original, así como de redes personales de cualquier sujeto para pedir préstamos desesperados depositando en cuentas de dudosa procedencia son el pan de cada día en el Estado.
Sin embargo, la falta de una adecuada legislación es ya un urgente reclamo. La tipificación como delito de la usurpación de identidad data del sexenio del mayor usurpador de identidad de la corta historia de nuestro estado, sí, durante el gobierno de Borge, precisamente cuando se clonaba todos los días a medios locales como Luces del Siglo o Noticaribe en físico y en digital, con recursos públicos desde la oficina del entonces vocero, fue en ese oscuro período cuando se simuló crear este tipo penal.
Y señalo que se simuló, ya que el texto era simplemente imposible de acreditar ante el juez en la materia, al tener grandes faltas de ortografía, que de entrada, ya lo convertían en un texto chusco, pero peor aun, la equiparación del delito de usurpación de identidad en el entorno digital es un homenaje a Cantinflas, ahora que el verbo cantiflear ya fue adoptado por la RAE, y es que no había forma de entender dichos numerales que además fueron votados y aprobados por el pleno del Congreso del Estado.
Este tema a través de asociaciones como ROBO DE IDENTIDAD MX, han sido motivo de burla en diversos congresos nacionales e internacionales, donde me acuso de haber sido uno de los que más veces viralizo la inoperancia legislativa y de los que lo aprobaron así.
Lo único que se me ocurre en la defensa de aquellos que votaron ese texto, es que fueron obligados por Borge para que su indebido ejercicio de clonador de medios críticos siguiera funcionando.
Es por ello que, desde nuestra actividad legislativa nos hemos dado a la tarea de preparar y proponer una reforma al código penal en relación al delito de USURPACIÓN DE IDENTIDAD y de sus equiparados en el entorno digital, toda vez que es una actividad ilícita que sigue al alza en Quintana Roo.
Por desgracia este tema no termina solamente con una reforma para hacer efectivo el código penal, sino que es urgente que la fiscalía del estado se ponga a trabajar en protocolos para atender este delito y no deje a las víctimas en total indefensión cuando se trata de su imagen y su patrimonio vulnerados.
Hoy en día, en caso de ser víctima de estos delitos, el ministerio público se abocará levantar la denuncia y abrir una carpeta más, que puede ser en persona o desde la página web donde seguramente no se le dará más trámite y se le dejará de contestar al desesperado usuario.
Ello, toda vez que el ministerio público no tiene conocimiento del procedimiento, de como enlazar con el banco donde se hace el fraude y mucho menos de que debe hacer el que erróneamente pago o depósito en esa cuenta.
Es decir, no va a pasar absolutamente nada.
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El primer paso pues, viene con la reforma del código penal con el compromiso del Congreso del Estado para resolver y enmendar estos gravísimos errores, pero seguido esto, es importante que el ministerio público se ponga al día con delitos electrónicos y coadyuve con instancias federales para poder representar a las víctimas de los delitos.
Al final del día, ese es su único trabajo.
