Para el Observatorio Legislativo urge se regule la asignación de escoltas en Quintana Roo, pues si bien son elementos de Seguridad Pública que cumplen una función, como proteger a funcionarios, periodistas y activistas en riesgo, también son asignados a personas que no los requieren, por ejemplo algunos empresarios y ex funcionarios.
“La asignación de elementos de las corporaciones policiales para la vigilancia y custodia de personas en el Estado de Quintana Roo ha sido un tema cuestionado y que no se ha resuelto en las diversas administraciones estatales y municipales durante los últimos años”, destaca el organismo que preside Eduardo Galaviz Ibarra en un comunicado.
Y es que sabiendo que la seguridad es uno de los problemas que la ciudadanía pide que se resuelva, son cerca de 500 policías tanto municipales como estatales los que han sido destinados como escoltas en Quintana Roo.
Benito Juárez sería el municipio donde hay más escoltas asignados, asegura el Observatorio Legislativo.
Y aunque la ley tiene establecida la asignación de estos elementos para estas tareas, el organismo ciudadano considera que debe evaluarse la legislación a fin de que solo se destinen para las personas que sí estén en riesgo.
“Está claramente definido que quienes pueden contar con esta protección deben de acreditar ante el Comité definido en la ley que se encuentran en situación de riesgo, bien sean funcionarios, ex funcionarios o incluso periodistas que por sus actividades se encuentren en esa condición. Sin embargo, en la práctica vemos que se ha abusado de esta facultad por parte de funcionarios, ex funcionarios e incluso empresarios que no están en condición de riesgo por sus actividades”, apunta el Observatorio.
Por ello se propone una reforma a la Ley de Seguridad Pública de Quintana Roo, para que la prioridad sea garantizar el bienestar de todos los ciudadanos.
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“Es necesario por tanto establecer en las reformas a la Ley de Seguridad Pública del Estado y en las correspondientes municipales, las normas y políticas claras para la asignación de elementos de custodia y decidir la reinstalación inmediata de los elementos a sus corporaciones que tanto hacen falta para los servicios de seguridad pública”, finaliza el Observatorio Legislativo.
