El gobierno de Felipe Calderón detuvo a dos ex integrantes del equipo de seguridad de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, por supuestos nexos con el crimen organizado, pero no pudo sustentar las acusaciones y los exoneró de todos los cargos.
Los ex escoltas, el Teniente Coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el civil Marco Antonio Mejía López, trabajaron con López Obrador en su campaña presidencial del 2006 y fueron arrestados en 2009 y 2012, respectivamente, bajo la sospecha de colaborar con el narcotráfico.
Sin embargo, ambos rechazaron las presiones de la Procuraduría General de la República (PGR) para declarar en contra de López Obrador y desmentir el financiamiento ilícito de su campaña, según revelaron fuentes cercanas a su defensa en 2013.
Los ex escoltas fueron procesados por delincuencia organizada y delitos contra la salud, basados en los testimonios de testigos protegidos como “Jennifer”, pero los jueces y tribunales federales encontraron contradicciones e inconsistencias en las imputaciones y los liberaron y absolvieron de forma definitiva e inapelable.
Hernández Soto fue parte de la escolta militar que lideraba el General Audomaro Martínez Zapata, actual director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI, antes Cisen), y su caso estuvo relacionado con las acusaciones fallidas contra el General Tomás Ángeles Dauahare.
Mejía López fue parte del equipo de logística que coordinaba Nicolás Mollinedo, ex chófer de López Obrador, y su caso estuvo vinculado con el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones, el primer general asesinado en México por el crimen organizado.
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Mollinedo negó en una entrevista con ProPublica haber recibido donaciones de narcotraficantes y afirmó que López Obrador nunca toleraría semejante corrupción. “No manejábamos dinero,” dijo Mollinedo, quién también dijo que los fondos del equipo de logística se reducían a gastos de transporte, gasolinas y otros pagos menores”.
Con información de Aristegui Noticias
