Con el objetivo de dar continuidad a la nueva visión del Gobierno de la Cuarta Transformación en el fortalecimiento y reconocimiento de las Comunidades indígenas de nuestro país, la legisladora por Quintana Roo, Anahí González, presentó una reforma para establecer de modo expreso en la Ley General de Desarrollo Social que los programas dirigidos a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas y afromexicanos deben ser prioritarios y de interés social.
Dicha reforma responde a la necesidad de atender a los sectores y grupos de la población históricamente agraviada, en este caso a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, pues, como sabemos, los Pueblos Indígenas son los primeros pobladores del territorio nacional, también se caracterizan por sus usos y costumbres con sus tierras, territorios y recursos naturales, donde han conservado sus culturas, lenguas, artes, medicinas, cosmogonías y formas propias de organización política, económica y social.
En la exposición de motivos, la legisladora afirma que aún tenemos mucho camino por andar, ya que al día de hoy laceran a las comunidades y pueblos indígenas, la discriminación, el difícil acceso a la justicia, la violencia social, la inseguridad y dispersión geográfica que dificultan los servicios de salud, educación, infraestructura y telecomunicaciones, entre otros derechos.
Anahí González habla de un territorio conformado en su mayoría por pueblos originarios mayas, mientras reconoce que, gracias a la presencia que tienen los grupos étnicos en el territorio nacional los mexicanos tenemos identidad, cultura y gran biodiversidad de los pueblos y comunidades indígenas, su sangre corre por las venas de todos los mexicanos.
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De modo que, de forma explícita, prioritaria y de interés social, se establezcan en la Ley correspondiente los asuntos que afecten a los pueblos indígenas y afromexicanos, para hacer posible que se identifiquen las condiciones existentes de desigualdad en sus entornos, tanto a nivel federal como en los estados, así como supervisar su evolución, con la finalidad de conocer la incidencia de las políticas de atención a estos grupos, para que el gobierno continúe desarrollando estrategias y programas para su atención.
Por último, reconoce que en la actualidad existe una robusta política de atención a comunidades indígenas de forma transversal y a nivel nacional replicada en los estados, resulta necesario entonces, fortalecer en la Ley Federal correspondiente, la incorporación de los principales actores de origen indígena que se ubiquen en las regiones, para que, sean sujetos de interés prioritarios y con derechos de interés público, en las acciones de inclusión de las administraciones en turno.
