Luisa Alcalde Luján, secretaria de Gobernación federal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no se elimine la prisión preventiva oficiosa, pues podrían quedar libres 68 mil presuntos delincuentes.
La funcionaria indicó, en la conferencia mañanera de este 14 de abril, que existen riesgos para testigos, víctimas y personal de seguridad ante la posible liberación de presuntos delincuentes.
Luisa Alcalde declaró que muchos de estos presuntos criminales están vinculados a grupos de la delincuencia organizada; además que podrían representar una amenaza para la población en general.
“Hacemos un llamado a la Corte a respetar la Constitución, respetar la división de poderes, no excederse en sus facultades, considerar las graves consecuencias que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría para la seguridad nacional en las circunstancias actuales y que valoren atacar mejor uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de las resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones”, puntualizó Luisa Alcalde desde Palacio Nacional.
La funcionaria del gobierno de AMLO detalló que la Suprema Corte analiza eliminar el artículo 19 constitucional y ordenar a los jueces del país no aplicar la prisión preventiva de oficio, tras una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en enero de 2023.
Según los datos ofrecidos por la titular de Segob, serían liberados 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 acusados de secuestro, 5 mil 617 de violación, 4 mil 013 de narcotráfico y narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamento y explosivos, mil 405 de feminicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores y 405 por delincuencia organizada.
Te puede interesar: Video: Luisa Alcalde pone en duda la palabra de Madres Buscadoras y dice que no sufrieron agresión
La secretaria de Gobernación Luisa Alcalde finalizó diciendo que la alta cifra de presuntos delincuentes que serían liberados al eliminar la prisión preventiva oficiosa se debe a la tardanza del Poder Judicial en emitir sentencias.
Con información de El Economista.