En medio de una grave crisis de seguridad, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezó este viernes 21 una ceremonia que dio inicio a la construcción del Centro de Privación de Libertad en Santa Elena.
Se trata de una de las dos cárceles de máxima seguridad que el mandatario prometió durante la campaña que lo llevó a la Presidencia, con la lucha contra el crimen organizado en el centro de su programa de gobierno.
La prisión destinada a los cabecillas de grupos delictivos representa un modelo similar al acuñado por su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele.
Aislar a los delincuentes más peligrosos. Es el principal objetivo esbozado por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para la construcción de la nueva cárcel de máxima seguridad.
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“Hoy marcamos uno de los hitos más importantes en nuestra lucha contra el terrorismo y las mafias que secuestraron el impulso de nuestro país durante décadas,” afirmó el mandatario en medio de la ceremonia para dar inicio a la edificación de la prisión.
La construcción de dos cárceles de máxima seguridad, similar al modelo utilizado en El Salvador por el presidente Nayib Bukele, es uno de los proyectos bandera de Noboa desde la pasada campaña que lo llevó a la Presidencia.
La prisión, que está siendo construida en la provincia de Santa Elena, en el occidente del país, se extenderá sobre 16.2 hectáreas y contará con pabellones de máxima seguridad, según recalcó a la prensa local el general Luis Zaldumbide, director general del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad.
Aunque se trata de un tamaño mucho menor al salvadoreño Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), construido por Bukele para encerrar a pandilleros, apunta a ser un centro “fundamental” en la lucha contra el crimen organizado.
Establecerá nuevos estándares en la categorización de las personas privadas de libertad según su nivel de peligrosidad.
Se espera que la cárcel sea construida en 300 días, un tiempo récord para su magnitud y características. El lugar contaría con la capacidad de detener alrededor de 800 presuntos cabecillas de grupos criminales.
Con una inversión de 52 millones de dólares, el sitio está diseñado para garantizar que las medidas judiciales se cumplan rigurosamente”, aseveró Zaldumbide.
Con información de: Proceso y La República