Texas ha puesto a disposición del gobierno un terreno rural a lo largo de la frontera con México para utilizarlo como área de maniobras para las posibles deportaciones masivas que se tienen previstas durante la gestión del virtual presidente electo Donald Trump.
La propiedad, que Texas compró el mes pasado, está ubicada en una zona rural del condado de Starr, en Rio Grande Valley. Dawn Buckingham, la comisionada de Tierras de Texas, envió una carta a Trump el 14 de noviembre en la que presentó la oferta.
La propiedad no tiene caminos pavimentados y está en un condado en el que sólo hay un hospital público y recursos locales limitados. Sin embargo, Buckingham enfatizó su ubicación.
“Creemos que está muy bien ubicado. El terreno es muy plano. Está cerca de importantes aeropuertos. También junto a un puente que cruza el río”, dijo Buckingham.
“Entonces, si es útil, me encantaría asociarme con el gobierno federal. Y si no lo es, continuaremos buscando la manera de ayudarlos”, concluyó la funcionaria.
La oferta del terreno es el más reciente ejemplo de una marcada división entre los estados y los gobiernos locales sobre si apoyar o combatir los planes de Trump de llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes que viven sin autorización en Estados Unidos.
El martes, el concejo municipal de Los Ángeles aprobó, mediante una votación, convertirse en una jurisdicción “santuario”, decisión con la que se limita la cooperación con las autoridades federales de inmigración para llevar a cabo deportaciones.
Desde hace tiempo, Texas se ha mostrado a favor de implementar medidas agresivas para frenar los cruces, incluida la instalación de alambre de púas y una ley el año pasado que permitiría a las fuerzas policiales arrestar a migrantes que cruzan la frontera ilegalmente.
“Al ofrecer esa propiedad recién adquirida de mil 400 acres (566 hectáreas) al gobierno entrante de Donald Trump me uno (a las labores) del presidente Donald Trump para garantizar que las familias estadunidenses estén protegidas.
“Sería para la construcción de una instalación para el procesamiento, detención y coordinación de lo que será la mayor deportación de criminales violentos en la historia de nuestra nación,”, puntualizó Buckingham en un comunicado.
Trump ha dicho que planea comenzar sus labores de deportación desde el primer día de su presidencia. Atacó la inmigración ilegal, vinculando el aumento récord en los cruces fronterizos a problemas que van desde el tráfico de drogas a los altos precios de la vivienda.
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El equipo de transición de Trump no dijo si aceptaría la oferta de Texas, pero envió un comunicado.
Se estima que hay 11 millones de personas que están en el país sin autorización. Aún persisten dudas sobre cómo se identificaría a los indocumentados y dónde serían detenidas.
