El secuestro del empresario Luis Carlos Vizcarra Millán por un grupo armado, ocurrido el 20 de noviembre de 2024 en Playa del Carmen, Quintana Roo, ha puesto en evidencia a la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntamente entorpecer el caso.
Y es que la familia denuncia que no se han aclarado unas transferencias bancarias por al menos 360 millones de pesos de las cuentas de la víctima, operaciones efectuadas por una presunta célula del crimen organizado poco después del plagio.
Luis Carlos Vizcarra Millán, originario de Tamaulipas, obtuvo contratos millonarios de Pemex durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, vía la firma Perfolat de México, fue privado de su libertad en el exclusivo fraccionamiento Allegranza de Playa del Carmen, Quintana Roo, donde residía junto a su familia.
Según la familia, las investigaciones han estado marcadas por el entorpecimiento por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, pues en vez de apoyarse en los pariantes en estos casi tres meses de la desaparición, ha iniciado una campaña de persecución orientada a crear “chivos expiatorios”.
Fue el pasado 20 de noviembre de 2024 cuandi un comando de varios sujetos armados irrumpió en el domicilio del empresario tamaulipeco, donde se encontraba acompañado de su pareja María Cruz Campos Frías y sus dos hijos menores de edad.
Presuntamente, todos fueron retenidos por algunos días en la misma vivienda, sin que nadie supuestamente se percatara de la emergencia.
El empresario habría sido torturado a la vista de sus pequeños. Fue obligado a comunicarse con la gerencia de una de sus empresas ubicada en Tabasco para ordenar que se hicieran diversas transferencias bancarias a 10 empresas desconocidas, cuya suma total es por 360 millones 888 mil 667 pesos.
Una de las empresas beneficiadas con esta presunta ilegalidad es Desarrollo 1540, sociedad mercantil que en 2020 fue acusada de retrasos en la entrega de departamentos de lujo en un edificio que se construyó cerca del centro de Playa del Carmen, en Quintana Roo.
Tras cuatro días siendo torturado, al quinto el empresario y su esposa fueron sacados de su domicilio y conducidos aparentemente a Cancún en una camioneta de su propiedad. La unidad marca Honda fue encontrada en Villas Otoch, según lo destacado por la familia.
FGR INVESTIGA A LA DEPENDENCIA ESTATAL
El caso ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), que en una de sus primeras acciones, solicitó a su homóloga de Quintana Roo, “identificar al personal policial y en general a servidores públicos que protegen a la organización criminal” en cuyo caso deberán identificarse la adscripción y los superiores jerárquicos de los funcionarios o agentes involucrados.
Y es que se sospecha que hay funcionarios que podrían estar vinculados con la organización responsable de la desaparición de estas do personas en Quintana Roo.
La denominación del expediente levantó sospechas contra la Fiscalía de Quintana Roo, pues los agentes ministeriales ya sabían de los negocios a los que se dedicaba la víctima, cuando la familia aún no había brindado tal información.
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También ha colaborado la Fiscalía de Tabasco, pues fue en esa entidad donde se realizaron las transferencias bancarias, ordenadas siempre desde Playa del Carmen por el empresario cuando estaba siendo torturado.
Alejandra Bernal y Víctor Montes, abogados de las víctimas indirectas, que en este caso son la hermana del empresario (AVM) y sus dos hijos mayores con iniciales CVO y LVO, producto de su primer matrimonio, afirman que sus clientes no han tenido acceso a las carpetas de investigación abiertas en Quintana Roo, pese a que tendrían ese derecho por su calidad de víctimas u ofendidos.
Los litigantes también denuncian que la Fiscalía de Quintana Roo se ha negado a darles la calidad de víctimas indirectas a los hijos mayores del empresario secuestrado, lo que les impide colaborar o coadyuvar con las investigaciones a través del registro detallado de llamadas, fotografías y números telefónicos.
