La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 137 ejemplares de vida silvestre en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante la madrugada del viernes 21 de febrero.
Se trataba de 121 tortugas y 16 ranas que estaban ocultas en calcetines y recipientes de plástico dentro de dos maletas con destino al aeropuerto Tokyo-Narita, en Japón.
El aseguramiento fue posible gracias a la intervención de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria de la Marina y la alerta emitida por la aerolínea, que detectó un contenido inusual en el equipaje mediante una revisión con rayos X.
Entre las especies rescatadas están 53 tortugas de caja (Terrapene carolina), una sin vida; tres de monte (Terrapene nelsoni); 10 chacarita cora (Kinosternon cora).
También, 53 tortugas chopontil (Claudius angustatus); dos pecho de carey (Trachemys venusta), así como 16 ranas árbol coronadas (Triprion spinosus).
La mayoría de esas especies están protegidas por la NOM-059-Semarnat-2010, que regula la flora y fauna en riesgo en México, así como por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
Únicamente las tortugas pecho de carey y las ranas árbol coronadas no están enlistadas en esas normativas.
De acuerdo con la revisión realizada, las tortugas estaban en aparente buen estado físico, con extremidades completas y respuesta normal a estímulos. Sin embargo, las ranas mostraban signos de aletargamiento, aunque no presentaban lesiones visibles.
Los ejemplares no contaban con ningún sistema de marcaje que permitiera acreditar su legal procedencia, por lo que la Profepa ejecutó un aseguramiento precautorio.
La acción es parte de su Programa de Verificación e Inspección Ambiental en Puertos, Aeropuertos y Fronteras, acción que se fundamenta en los artículos 117 y 119 de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS).
La dependencia ya prepara la denuncia penal contra la persona que documentó las maletas con los ejemplares.
De acuerdo con el Código Penal Federal, el tráfico de especies protegidas puede ser sancionado con penas de uno a nueve años de prisión y multas de 300 (83 mil 640 pesos) a tres mil (836 mil 400) días de salario, que para 2025 es de 278.80 pesos.
Además, si la actividad tiene fines comerciales o afecta un área natural protegida, las penas pueden aumentar hasta tres años más de cárcel y mil (278 mil 800 pesos) días adicionales de multa.
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La procuradora ambiental, Mariana Boy Tamborrell, condenó enérgicamente el intento de tráfico ilegal y aseguró que la Profepa tomará las acciones legales necesarias para que los responsables enfrenten las consecuencias penales.
“Las consecuencias del tráfico de especies son terribles para las poblaciones, pues de inmediato afectan su capacidad reproductiva. A eso se añade el profundo estrés al que someten a los ejemplares al separarlos de su grupo y empaquetarlos”, afirmó.
