Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron esta mañana, en su domicilio en Chilpancingo, a la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Lambertina Galeana Marín. Se le acusa de ordenar la destrucción de videos del caso Ayotzinapa.
En agosto de 2022, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa indicó en un informe que la exmagistrada ordenó la destrucción de videos de la noche del 26 de septiembre del 2014 –cuando desaparecieron a los 43 normalistas–, captados por las seis cámaras exteriores del edificio del Palacio de Justicia de Iguala, argumentando que las imágenes “no eran claras por problemas técnicos”.
Alrededor de las 8:00 de la mañana agentes de la Comisión Nacional Antisecuestros y de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR arribaron a ese domicilio en el centro de la capital.
Una hora después y con la ayuda de una ambulancia de Protección Civil estatal se llevaron la expresidenta del TSJ debido a problemas de hipertensión.
La detención se dio a las 9:00 de la mañana entre las calles Abasolo y la SCT, de colonia Ruffo Figueroa.
Hasta el momento se desconoce la situación jurídica de la exmagistrada vinculada con el caso Ayotzinapa, quien a principios de este año se jubiló junto a otros magistrados expresidentes del TSJ.
CASO QUE CONMOCIONÓ A MÉXICO
El caso Ayotzinapa se refiere a la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, México, la noche del 26 de septiembre de 2014.
Los estudiantes se dirigían a Iguala para realizar una protesta cuando fueron atacados a tiros por policías municipales de Iguala y Cocula, así como por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Tras los ataques, los 43 estudiantes fueron detenidos y desaparecidos.
La versión oficial del gobierno mexicano, conocida como la “verdad histórica”, sostenía que los estudiantes fueron entregados por los policías a Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado e incinerado en un basurero en Cocula. Sin embargo, esta versión fue ampliamente cuestionada por familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos y expertos independientes debido a inconsistencias y falta de pruebas concluyentes.
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Investigaciones posteriores, incluyendo el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encontraron graves irregularidades en la investigación inicial, incluyendo manipulación de pruebas y omisiones. Estos informes pusieron en duda la “verdad histórica” y señalaron la posible participación de otros actores, entre ellos los militares.
Con información de Proceso.
