A pocos días de celebrarse las elecciones para designar jueces y magistrados en México, diversas voces de la sociedad civil han expresado preocupación por los perfiles de algunos candidatos que aparecerán en las boletas.
Las elecciones, programadas para el próximo 1 de junio, se realizarán como parte de la reforma judicial promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la actual mandataria, Claudia Sheinbaum.
La reforma tiene como objetivo principal erradicar la corrupción en el sistema judicial y democratizar el acceso a estos cargos mediante el voto popular. No obstante, expertos y organizaciones como Defensorxs han señalado posibles riesgos para la independencia judicial.
Uno de los casos más polémicos es el de Silvia Delgado, abogada que representó a Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2016, cuando el capo aún se encontraba preso en México. Delgado, quien visitaba con frecuencia a Guzmán antes de su extradición a Estados Unidos, ahora busca convertirse en jueza penal en el estado de Chihuahua.
Durante un evento reciente en Ciudad Juárez, Silvia Delgado hizo campaña bajo el intenso calor, repartiendo propaganda frente a una escuela. Vestida de traje formal, defendió su trayectoria profesional argumentando que no puede ser juzgada por haber brindado servicios legales a un cliente, sin importar su historial.
“Siempre he actuado con integridad. Acepté ese caso por razones profesionales y lo volvería a hacer”, declaró. La abogada también señaló que no mantiene contacto con el equipo legal de “El Chapo”, aunque reconoció que en su momento ayudó a su esposa a trasladar a sus hijas a Estados Unidos.
Otro caso que ha llamado la atención es el de Leopoldo Javier Chávez Vargas, quien purgó casi seis años en una prisión estadounidense tras ser hallado culpable de tráfico de metanfetaminas en 2015. Pese a ello, ahora busca un cargo como juez federal en el estado de Durango.
Según información del Instituto Nacional Electoral (INE), Chávez fue postulado por el Poder Legislativo Federal y figura oficialmente como candidato. En sus redes sociales ha admitido su pasado delictivo, pero asegura haber cumplido con la justicia. “No soy el candidato perfecto, pero tengo derecho a una segunda oportunidad”, expresó.
En su perfil del portal oficial del INE, Chávez asegura tener formación en derecho y estar cursando una maestría en juicios orales. También promete ejercer su posible función como juez con imparcialidad y apego a la legalidad.
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Por su parte Defensorxs ha documentado al menos a una veintena de aspirantes con antecedentes penales, señalamientos de corrupción o posibles vínculos con organizaciones criminales, lo cual ha encendido las alarmas entre colectivos ciudadanos y asociaciones de jueces que temen una politización o infiltración del crimen organizado en el Poder Judicial.
A pesar de que las autoridades electorales pueden revocar candidaturas tras la elección si se comprueba que no cumplen con los requisitos, expertos advierten que el daño a la credibilidad del sistema judicial ya podría estar hecho.
Con información de Expansión e Infobae.