La escuela Secundaria Federal Número 1 de Mérida, Yucatán, podría enfrentar consecuencias legales tras haber rechazado la reinscripción de un aluimno que anteriormente denunció ser víctima de bullying dentro del plantel.
Tras darse a conocer la noticia, las redes sociales se han indignado con las autoridades educativas, pues se le está negando el derecho a un menor a la educación.
Según dio a conocer el diario El Universal, la víctima de esta situación es un adolescente de nombre Emiliano, estudiante que cursaba en la Secundaria Federal Número 1 y que sufrió agresiones verbales y humillaciones durante el ciclo escolar anterior.
La madre de Emiliano, Johana Alvarado, reveló que al intentar asegurar un lugar para su hijo el próximo año escolar, fue informada por el director que no se aceptaría la reinscripción, sin dar motivo alguno.
La señora Alvarado denunció que esta negativa parece una represalia por haber denunciado previamente los malos tratos que su hijo sufrió en el colegio. Indicó que durante el ciclo anterior alertó tanto al director como al personal de apoyo psicológico sobre los abusos cometidos por un prefecto y una profesora.
En una de las reuniones, según relata la madre, el mismo director aceptó que los hechos ocurrieron, pero a pesar de ello, no se tomaron medidas para proteger a Emiliano o sancionar a los responsables. “Nos castigan por defendernos”, lamentó Alvarado.
Ante esta situación, la familia decidió acudir a instancias legales. El abogado Rubén Osorio Paredes confirmó que ya se presentó una queja formal ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), con el objetivo de proteger los derechos del menor.
El litigante señaló que si no se revierte la decisión de la escuela, se procederá con un juicio de amparo, al considerar que se está atentando contra el derecho constitucional a la educación y el interés superior de la niñez, ambos protegidos por la ley mexicana.
Osorio recordó que el artículo 3º de la Constitución establece la educación como un derecho gratuito y obligatorio, y que el artículo 4º protege los derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales están por encima de cualquier otro interés.
El caso ha comenzado a atraer atención no solo en el ámbito legal, sino también en redes sociales, donde usuarios han mostrado su respaldo a la familia y han cuestionado el actuar de la institución educativa. Muchos señalan que, en lugar de excluir al alumno, la escuela debió enfocar sus esfuerzos en despedir a los responsables de agredir a Emiliano, así como crear un ambiente seguro y libre de violencia.
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Hasta el momento, la dirección de la secundaria no ha emitido ningún comunicado oficial que explique las razones de la negativa, ni ha respondido a las solicitudes de información por parte de medios locales.
Mientras tanto, Emiliano permanece sin certeza sobre su futuro académico, y su familia espera que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto para garantizar su derecho a continuar estudiando sin represalias.
Con información de El Imparcial.
