Brian Littrell, miembro y vocalista de los Backstreet Boys, presentó una demanda contra la oficina del sheriff del condado de Walton, en Florida, Estados Unidos. A través de su empresa BLB Beach Hut LLC, acusó a las autoridades de “negarse a hacer cumplir la ley” y de no impedir que bañistas invadan su playa privada frente a su residencia en Santa Rosa Beach.
De acuerdo con los documentos legales, que fueron revisados por los medios de comunicación Fox News y Daily Mail, el cantante había descargado en octubre de 2023 un formulario de autorización de allanamiento —vía la Ley de Playas Privadas de Florida— con el respaldo de las autoridades.
FANS PRESUNTAMENTE INTIMIDAN A LA FAMILIA DEL CANTANTE
Sin embargo, el miembro de Backstreet Boys afirmó que pese a colocar múltiples letreros de “No pasar” y delimitar el terreno con mesas, sombrillas y sillas, “numerosos intrusos se han propuesto antagonizar, intimidar y hostigar a la familia Littrell”, ya que ingresan diariamente a la propiedad.
El artista señala que solicitó en varias ocasiones, incluido el pasado 4 de mayo, la intervención de la oficina del sheriff, pero se le informó, presuntamente, que no estaban de acuerdo con las playas privadas y calificaron su petición como una “locura”.
BAÑISTAS DESTRUYEN PAPELES DE PRIVACIDAD DE LA PLAYA
Este caso en el que está involucrado Brian Littrell escaló el 5 de junio, cuando el administrador del cantante intentó mostrar documentación que acreditaba la privacidad de la playa; pero un grupo de bañistas le arrebató los papeles, los rompió y dispersó sobre la arena, como manera de desafío a los límites establecidos.
Littrell también acusa que en una llamada al 911, tras ese incidente, el operador colgó y no envió personal policial, por lo que se vio forzado a contratar seguridad privada. Además, la cinta de video de cámaras revela evidencia sobre la falta de respeto hacia su equipo y un rechazo activo por parte de los autoridades locales para cumplir con sus responsabilidades.
El cantante adquirió el inmueble en el año 2023 por alrededor de 3.8 millones de dólares, con la intención de disfrutar de un refugio familiar. Sin embargo, lo que comenzó siendo una simple molestia escaló en una disputa legal que hoy podría marcar un precedente sobre la responsabilidad policial en casos de privacidad frente al acceso público.
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BUSCA QUE LA OFICINA DEL SHERIFF CUMPLA CON SUS DEBERES LEGALES
En su demanda solicita que se emita un mandato judicial que obligue al sheriff a cumplir con sus deberes legales y proteger la integridad y seguridad de su propiedad y familia.
Las autoridades locales todavía no han respondido oficialmente y un aviso legal dio un plazo de 20 días para contestar.
