Después de 26 años operando en territorio mexicano, la empresa energética española Iberdrola ha decidido cesar sus operaciones en el país. Su salida se concretó con la venta de sus últimas instalaciones a la compañía también española Cox, en una transacción valuada en 4 mil 200 millones de dólares.
La operación, según informó Cox mediante un comunicado oficial, contempla 15 centrales en funcionamiento que generan más de dos mil 600 megawatts (MW). De esta capacidad, mil 368 MW provienen de plantas de ciclo combinado y cogeneración, mientras que mil 232 MW corresponden a fuentes renovables. También incluye una cartera de proyectos de generación futura que sumarían hasta 12 gigawatts.
Esta compra posiciona a Cox como el mayor suministrador privado de energía en México, con una participación de mercado del 25 por ciento y una distribución anual superior a los 20 teravatios-hora (TWh), atendiendo a más de 500 clientes en el país.
Con esta adquisición, Cox busca fortalecer su presencia en el mercado energético mexicano, adelantando su plan estratégico originalmente proyectado para el periodo 2025-2030. La firma anunció una inversión de más de 10 mil millones de dólares en México en ese lapso, lo que incluye el desarrollo de nuevas plantas de energía, infraestructura hídrica y cooperación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
¿Por qué se va Iberdrola de México?
La salida de Iberdrola, según la propia compañía se debió a la “falta de certeza jurídica”, que según los especialistas, hace referencia a la reciente reforma al Poder Judicial que será efectiva en septiembre.
Esta reforma cambiaría la dinámica de los amparos, figura legal que habría favorecido en el pasado a empresas como Iberdrola, permitiéndoles operar bajo esquemas cuestionables, como atentados a la naturaleza hasta el uso de materiales prohibidos y exclusividad de contratos que merman la libre competencia.
Durante años, Iberdrola y otras compañías privadas generaban energía y la vendían a terceros utilizando la red de transmisión de la CFE, en muchos casos sin pagar lo justo por ese servicio. Este modelo se amparaba en esquemas de “autoabastecimiento” y fue posible gracias a reformas implementadas desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari en los años 90.
El modelo permitió que empresas privadas se beneficiaran enormemente de recursos e infraestructura pública, situación que fue duramente criticada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante su sexenio, AMLO denunció que Iberdrola fue favorecida por el gobierno de Felipe Calderón, incluso incorporando a exfuncionarios a su estructura corporativa tras dejar sus cargos públicos, incluyendo al exmandatario panista como consejero de Administración de Avangrif, filial estadounidense de la compañía eléctrica española.
Además, la firma enfrenta investigaciones legales en varios países, incluyendo México, por presuntas prácticas ilegales como manipulación de precios, sobornos, espionaje corporativo y daños ambientales.
“Esa empresa (Iberdrola) contrató a la señora que estaba de secretaria de Energía del gobierno de Calderón (Georgina Yamilet Kessel Martínez). Imagínense una empresa que contrata a la exsecretaria de Energía. Entonces, muy vivos, abusivos, ventajosos, los de esta empresa contratan a la señora que tenía desde luego, como todos los funcionarios, información privilegiada. Pero no sólo eso, termina el gobierno de Calderón y lo contratan a él como consejero de Iberdrola. Entonces así dominan todo el mercado eléctrico”, expuso el mandatario en una de sus conferencias.
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En respuesta a estas irregularidades, el gobierno mexicano adquirió en 2023 trece plantas a Iberdrola por 6 mil 200 millones de dólares, lo que representó el 55 por ciento de su negocio en el país. Esta operación buscó fortalecer el control del Estado sobre la generación eléctrica, otorgando a la CFE una participación mayoritaria del 54 por ciento.
La venta más reciente a Cox marca el cierre definitivo de Iberdrola en México, en un contexto de transformaciones profundas en el sector energético nacional, donde el Gobierno busca reequilibrar el papel de lo público y lo privado en beneficio del interés nacional.
Con información de La Jornada, El Financiero, El Universal, Periódico Veracruz, El CEO y Pie de Página.
