En Quintana Roo, la tarifa de agua potable se ubica en la media nacional, mientras que en la Ciudad de México se maneja un esquema distinto, marcado por subsidios diferenciados. Un estudio de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) advierte que estas ayudas no benefician principalmente a quienes menos tienen. Por el contrario, mantener tarifas artificialmente bajas reduce la recaudación, distorsiona el mercado y no ayuda a moderar el consumo.
En la capital, las tarifas para usuarios domésticos y mixtos dependen del Índice de Desarrollo (ID) de cada manzana: las zonas populares reciben subsidios de hasta 91%, mientras que en zonas de alto desarrollo rondan el 60%. Es la única entidad del país que usa este sistema. Si bien alivia la carga económica para las familias, también limita los recursos disponibles para mejorar infraestructura y calidad del servicio.
El efecto se nota en el consumo: en la Ciudad de México, el promedio es de 366 litros por persona al día, más del triple de los 100 litros recomendados por la ONU para cubrir necesidades básicas. El precio, al no reflejar el valor real del servicio, desincentiva el ahorro.
Otro punto clave es la periodicidad de la facturación. Mientras que el cobro bimestral sigue vigente en la capital, el 97% de los municipios en América Latina factura mensualmente, según el Banco Interamericano de Desarrollo. El modelo mensual mejora el flujo de ingresos de los operadores, permite detectar fugas antes, y ayuda a que los usuarios ajusten su consumo a tiempo.
En el norte de Quintana Roo, donde la Comisión de Agua Potable (CAPA) gestiona una serie de municipios y Aguakan opera en Benito Juárez, Puerto Morelos, Isla Mujeres y Playa del Carmen, la estructura tarifaria contempla una cuota mínima de 0 a 10 m³ (10 mil litros) más un cobro adicional por cada metro cúbico extra. Sobre esa base se añaden los cargos por drenaje y saneamiento, conforme al artículo 46 de la Ley estatal de Cuotas y Tarifas. Más del 80% de los clientes domésticos paga solo el monto mínimo.
Aunque hemos revisado que la concesionaria Aguakan no fija las tarifas, informa que en 2023 apoyó a más de 25 mil familias mediante programas sociales como No más fugas, convenios de pago y descuentos para personas de bajos recursos, con discapacidad o adultos mayores. Este esquema, sumado al cobro mensual, facilita la inversión en infraestructura, fomenta el uso responsable del agua y permite dirigir ayudas a quienes más lo necesitan.
El impacto se refleja en los resultados: en las ciudades concesionadas, Aguakan reporta una cobertura de 100% en agua potable y saneamiento, frente al promedio nacional de 96.1% en agua potable, según la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
La gestión del agua no termina en la distribución. Involucra garantizar su potabilidad, tratar las aguas residuales y reincorporarlas al subsuelo para asegurar su disponibilidad futura.
Finalmente, un aspecto a mejorar en la Ciudad de México es la falta de distinción entre tarifas para usos comercial e industrial. La mayoría de los estados separa sus categorías en doméstica, comercial e industrial, lo que permite subsidios cruzados más eficientes y soluciones adaptadas a las necesidades específicas de los sectores productivos.
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En un país donde la mayoría de los organismos operadores apenas logran cubrir su nómina mensual, seguir apostando a modelos públicos sin músculo financiero es condenar al agua a la ineficiencia crónica. La participación público-privada no es un capricho empresarial: es la oportunidad de sumar inversión, tecnología y gestión profesional para garantizar que el agua llegue, se trate y se cuide.
