Un tribunal de apelaciones en Estados Unidos determinó que gran parte de los aranceles impuestos durante la administración de Donald Trump carecen de sustento legal. La resolución representa un duro revés para la política comercial y exterior del mandatario republicano, quien utilizó estos gravámenes no solo como herramienta de negociación, sino también como mecanismo de presión hacia gobiernos extranjeros.
De momento, los aranceles seguirán vigentes hasta mediados de octubre, a fin de que la administración pueda presentar un recurso ante la Suprema Corte. Esta medida otorga tiempo al gobierno para intentar revertir el fallo y mantener en pie una de las estrategias económicas más polémicas del mandato republicano.
El tribunal resolvió, con una mayoría de siete jueces contra cuatro, que Donald Trump excedió sus facultades al invocar poderes de emergencia para establecer los aranceles. El expresidente apeló a la Ley de Poderes para Emergencia Económica Internacional de 1977, creada en un contexto de crisis energética y financiera, para justificar la imposición de estas tarifas.
Sin embargo, la corte subrayó que dicha normativa no contempla de manera explícita la posibilidad de imponer impuestos o aranceles, atribución que corresponde únicamente al Congreso. Con ello, se mantiene en firme el dictamen previo del Tribunal de Comercio, que ya había concluido que la Casa Blanca actuó fuera de su marco legal.
La decisión judicial no alcanza a los aranceles sectoriales aplicados a productos como acero, aluminio o automóviles, los cuales se sustentan en otras disposiciones legales. En cambio, sí afecta a tarifas decretadas contra países como México y China, justificadas en temas como el combate al tráfico de fentanilo o las represalias comerciales.
Trump, fiel a su estilo, reaccionó de inmediato a través de redes sociales. Aseguró que “todos los aranceles siguen en pie” y acusó al tribunal de actuar de forma “partidista”. Además, advirtió que eliminar estos gravámenes sería un “desastre” para la economía estadounidense, debilitando las finanzas del país y comprometiendo su fortaleza internacional.
La Casa Blanca confirmó que presentará una apelación, confiando en que el caso llegue a la Suprema Corte, donde la mayoría conservadora podría favorecer la postura del presidente estadounidense. “Con la ayuda del Supremo, haremos a Estados Unidos fuerte y próspero nuevamente”, señaló Trump en su mensaje.
Expertos legales destacaron que la Constitución otorga al Congreso la potestad exclusiva de aprobar impuestos y aranceles. El tribunal enfatizó que cualquier delegación de esas facultades al Ejecutivo debe ser explícita, algo que no ocurrió en este caso. En contraste, los abogados del Gobierno habían advertido que anular los aranceles tendría consecuencias económicas severas y pondría en riesgo acuerdos ya firmados con países como Japón, Filipinas o la Unión Europea.
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La decisión se conoció un día después de que Bruselas iniciara los pasos legislativos para eliminar varios aranceles a productos industriales estadounidenses, como parte del acuerdo alcanzado con Washington. Dicho pacto contempla, además, un compromiso europeo para comprar energía, semiconductores y equipo de defensa fabricado en Estados Unidos.
Mientras tanto, legisladores demócratas celebraron el fallo como un triunfo del Estado de derecho y de la Constitución. “Ningún presidente puede inventarse poderes que no tiene”, señaló Richard Neal, del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes. Por el contrario, portavoces de la administración Trump reiteraron su confianza en que la última palabra la tendrá la Suprema Corte, donde esperan un desenlace favorable.
Con información de El País.
