Un juez federal resolvió no levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena y exalcaldesa de Playas de Rosarito, quien es investigada por presuntos nexos con “La Mayiza” perteneciente al Cártel de Sinaloa.
La medida fue confirmada dentro del expediente 282/2025, donde la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ordenó incluir a la legisladora en la lista de personas bloqueadas y congelar sus fondos en distintas instituciones bancarias.
Inconforme con esta decisión, Brown Figueredo interpuso un amparo para solicitar la suspensión del bloqueo. El caso fue turnado al Juzgado Décimo de Distrito en Baja California, a cargo del juez Marco Antonio Arreola Herrera, quien determinó negar la medida cautelar solicitada por la diputada.
En su resolución, el juez argumentó que la legisladora no presentó pruebas que acreditaran su titularidad sobre las cuentas afectadas, por lo que no era posible otorgarle la suspensión provisional que solicitaba.
“De ahí que si se concede la medida suspensional solicitada, se transgrediría el artículo 131 de la Ley de Amparo, pues se le presumiría sin justificación alguna algún derecho legal respecto de los fondos de la cuenta bancaria multicitada, al no haber acreditado ni siquiera de manera indiciaria algún derecho sobre aquella, indica el fallo judicial.
El juez añadió que el hecho de que Brown relatara los antecedentes del caso bajo protesta de decir verdad no sustituye la obligación de presentar evidencia documental que respalde su interés jurídico o patrimonial sobre los fondos bloqueados.
La diputada solicitó al juez que ordenara su eliminación de la lista de personas bloqueadas de la UIF para poder recuperar el acceso a sus recursos. Sin embargo, la petición fue rechazada hasta que presente pruebas suficientes sobre la propiedad de las cuentas.
Cabe recordar que en septiembre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Brown Figueredo de colaborar con los hermanos Alfonso y René Arzate García, identificados como operadores de Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa.
El informe estadounidense sostiene que los Arzate utilizaron su influencia política a través de intermediarios locales, como Candelario Arcega Aguirre, para mantener control sobre el gobierno municipal de Rosarito, Baja California, durante la gestión de la diputada, mediante nombramientos y favores políticos.
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De acuerdo con ese documento, Hilda Araceli Brown Figueredo habría permitido que estas redes criminales ejercieran poder dentro de la administración local a cambio de beneficios económicos y apoyo político, motivo por el cual fue incluida en la lista de personas sancionadas por el Tesoro y posteriormente investigada por la UIF.
Hasta el momento, Hilda Brown Figueredo continúa en funciones como diputada federal por Morena, aunque sus cuentas seguirán bloqueadas mientras avanza el proceso judicial y las investigaciones internacionales en su contra.
Con información de El Universal Online.
