El gobierno de Campeche que encabeza Layda Sansores estaría buscando censurar a un nuevo medio de comunicación de dicha entidad. En este caso se trata de Telemar. Por medio de un oficio las autoridades exigen saber los pormenores de la empresa y de quienes trabajan ahí redactando notas y subiendo información.
El medio está obligado por ley a rendir cuentas. La acción luce como un claro intento de intimidación, tal como lo ha hecho antes el gobierno de dicha entidad con aquellos que han criticado la gestión de la expriista.
De acuerdo con lo informado por algunos medios y en redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Campeche emitió el oficio número 040/2025 dirigido a Producciones Telemar, S.A. de C.V., en el que solicita información detallada sobre el personal responsable de la redacción de notas publicadas en sus plataformas digitales.
Las autoridades del estado que gobierna Layda Sansores advierten que el no responder a esta solicitud, dentro de un plazo de cinco días hábiles, podría derivar en sanciones económicas y procesos legales por desobediencia, lo que ha sido interpretado por algunos analistas y periodistas como un intento de control y censura sobre el medio de dicha entidad.
Sobresale que este procedimiento se da tras la censura previa al medio de comunicación Tribuna de Campeche, que enfrenta presiones legales y advertencias por publicaciones críticas contra el gobierno estatal del partido Morena.
Con esta exigencia de la Fiscalía de esa entidad, se refuerza la percepción de que los órganos del gobierno de Campeche buscan limitar la libertad de expresión y acallar la labor de la prensa que cuestiona la gestión pública en ese estado, lo que a su vez está generando un ambiente de autocensura entre los medios locales.
Vale la pena subrayar que el oficio 040/2025 hace referencia a artículos de la Constitución Federal y del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Campeche, que obligan a las personas y empresas a suministrar información en investigaciones del Ministerio Público.
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No obstante, algunos críticos señalan que el uso de estas disposiciones en casos donde se cuestiona la labor periodística podría constituir un exceso de autoridad y un precedente peligroso para la libertad de prensa en Campeche.
Medios de comunicación y organizaciones defensoras de Derechos Humanos advierten el riesgo de estas prácticas que se están haciendo habituales en el gobierno de Campeche, que está persiguiendo a quienes critican desde el ejercicio periodístico el accionar de las autoridades.
Con información de Tribuna de Campeche.
