El Congreso del estado de Chiapas aprobó una ley que regula la interrupción del embarazo en niñas y adolescentes que hayan sido víctimas de abuso sexual y violación.
La iniciativa busca garantizar que las víctimas tengan acceso a un procedimiento médico seguro, gratuito y de calidad, bajo principios de dignidad humana, perspectiva de género y con el interés superior de la niñez, sin enfrentar criminalización.
Durante la sesión de la aprobación de la nueva ley, se mencionó, que el embarazo infantil no es una elección, sino la consecuencia directa de un delito.
Por ello, se establece que, en los casos donde se decida interrumpir el embarazo, inmediatamente se notificará a las autoridades judiciales para iniciar la investigación correspondiente. Esta medida busca garantizar que se investigue cada caso, reforzando la protección de las víctimas y la aplicación de la justicia.
La aprobación de la ley responde a la realidad de Chiapas, donde los embarazos en niñas y adolescentes continúan siendo un problema grave, con cifras alarmantes, especialmente en menores de diez años que han sufrido violación.
Además, se ha identificado que la mortalidad materna asociada a estos embarazos afecta de manera desproporcionada a comunidades indígenas, donde muchos casos son ignorados debido a la falta de información o al apego a los usos y costumbres locales.
Los expertos y defensores de los derechos de la niñez han resaltado la importancia de esta ley, no solo como un mecanismo de protección de la salud y los derechos de las víctimas, sino también como un paso hacia la igualdad de género y el respeto de los derechos humanos.
La legislación busca evitar que niñas y adolescentes se enfrenten a riesgos médicos innecesarios y a procesos judiciales que podrían revictimizarlas.
Con esta decisión, Chiapas se suma a los estados que reconocen la urgencia de ofrecer atención médica integral y segura a las menores víctimas de abuso sexual, garantizando que puedan interrumpir sus embarazos de manera legal y protegida.
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La ley también pone énfasis en la prevención, la información y la protección de los derechos de la niñez, estableciendo un marco legal que refuerza la responsabilidad del Estado en estos casos.
La entrada en vigor de esta legislación marca un paso significativo para los derechos de las niñas y adolescentes en Chiapas, un avance que busca proteger su vida, salud y dignidad, al tiempo que garantiza que los responsables de los delitos sean investigados y sancionados conforme a la ley.
Fuente. Milenio
