El empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, figura en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestas operaciones de tráfico de hidrocarburos, armas y colaboración con el crimen organizado.
Raúl Rocha Cantú se incorporó recientemente al programa de testigos protegidos de la FGR, tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra.
La información fue publicada por el periodista Carlos Loret de Mola en su cuenta de X, donde detalló que “el dueño de Miss Universo se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco”.
La información reveló que la investigación en contra de Rocha Cantú desembocó en la emisión de la causa penal número 495/2025 el 15 de noviembre del presente año. La FGR investiga al copropietario de Miss Universo por los delitos de delincuencia organizada con fines de tráfico de armas y tráfico ilegal de hidrocarburos.
El 19 de noviembre, según Loret la FGR formalizó la condición de Raúl Rocha Cantú como testigo colaborador, una figura legal que implica prestar información relevante sobre operaciones criminales a cambio de beneficios procesales.
La indagatoria sostiene que la red dirigida por Rocha Cantú implementó esquemas sistemáticos de robo y tráfico de combustible desde Guatemala para abastecer organizaciones criminales mexicanas, y facilitó el suministro de armas de fuego a cárteles como el del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.
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De acuerdo a lo compartido por el periodista, la FGR detalló que la organización bajo la titularidad de Raúl Rocha Cantú operaba a través de centros logísticos localizados en Querétaro.
La bodega “La Espuela”, ubicada dentro del complejo Ferropolymers, recibía carro-tanques con combustible de origen ilícito o proveniente de Guatemala, que era mezclado con aditivos como MTBE y nafta en otro centro conocido como “El Patio” para mejorar la presentación y calidad del producto final.
El combustible distribuido terminaba en firmas como AGUI-MAR, FUCHELA y PALMA SIKA. Las facturas se emitían a través de empresas fachada, incluyendo Tabasco Capital, S.A. de C.V. y PTIH.
“El producto final se distribuía a empresas dedicadas al transporte y comercialización, con documentación fabricada”, señala el reporte de Loret de Mola. Estas maniobras permitieron a la red eludir controles fiscales y aduanales, incrementando la dificultad para rastrear el origen del combustible.
En cuanto al tráfico de armas, la investigación de la FGR y la Secretaría de Seguridad identificó empresas de seguridad privada empleadas para adquirir, transportar y rematricular armas de fuego de manera ilegal.
Compañías como SEGURIMEX, S.A.P.I. de C.V., SETER, S.A. de C.V., Servicios Especializados de Investigación y Custodia, S.A. de C.V., Servicios Integrales Valbon, S.A. de C.V. y Dinámica Seguridad Privada Consultores, S.A. de C.V. formaban parte de la estructura. Estas empresas intercambiaban armamento entre sí con la colaboración de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).
De acuerdo con la cronología facilitada por la Secretaría de Seguridad y la FGR, Raúl Rocha Cantú se presentó el 21 de octubre ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) para proponer su incorporación como testigo protegido.
Ofreció información sobre contrabando de combustibles, redes financieras y nexos con funcionarios y empresarios. El 15 de noviembre se emitió la orden de captura, y cuatro días después, el acuerdo de colaboración fue formalizado por el Ministerio Público Federal.
En el desarrollo de la operación, el 18 de noviembre fue detenida Mari Carmen N, identificada como “La Fiscal”, presunta funcionaria que brindaba apoyo logístico a la red. El caso permanece bajo investigación directa de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y se encuentra dentro de la agenda inmediata de la FGR.
Hasta el momento, ni Raúl Rocha Cantú ni representantes de Miss Universo han realizado declaraciones públicas. El caso marca un giro relevante en el manejo de colaboraciones con la justicia federal.
Con información de El Universal.
