Un Tribunal de Enjuiciamiento de Oaxaca dictó una pena de cuatro años de cárcel contra Marco A. R. A., tras determinar que incumplió de manera reiterada sus obligaciones alimentarias en perjuicio de cuatro menores.
La resolución fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que destacó la importancia del fallo como un mensaje claro contra quienes vulneren los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Según la información ministerial, el caso se originó luego de que la Vicefiscalía de Control Regional recibiera una denuncia por el incumplimiento de una orden emitida por un Juez Familiar. En dicha resolución se establecía el monto que el acusado debía cubrir para garantizar la manutención de sus hijos, cuyos datos permanecen reservados por motivos legales.
Tras comprobarse que el imputado omitió sistemáticamente los pagos y no mostró disposición para asumir la responsabilidad, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones ejecutaron una orden de aprehensión. Con ello, el hombre fue presentado ante el juez que llevaba el proceso.
Además de la pena de prisión, el Tribunal de Oaxaca impuso una multa superior a los 319 mil pesos, destinada a cubrir la reparación del daño por los pagos acumulados que el sentenciado dejó de entregar para alimentación, salud y vestido de los menores afectados.
La Fiscalía reiteró que uno de sus principales objetivos es garantizar la protección y el acceso a la justicia para niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, la dependencia sostuvo que continuará reforzando las acciones que permitan asegurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de este sector.
Sanciones más estrictas para deudores alimentarios en México
El caso registrado en Oaxaca forma parte de un contexto nacional en el que se han endurecido las medidas contra quienes evaden sus responsabilidades económicas hacia sus hijos. Desde la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (derivado de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2023) se han implementado restricciones más severas para los deudores.
Entre estas medidas se encuentran limitaciones para salir del país, la imposibilidad de tramitar pasaporte y el bloqueo en la obtención de licencias o permisos oficiales. Además, aquellos inscritos en el registro tampoco pueden postularse a cargos públicos ni ocupar puestos dentro del gobierno.
A nivel patrimonial, el Registro Público de la Propiedad puede aplicar gravámenes sobre inmuebles para garantizar el pago de las deudas alimentarias. Asimismo, al contraer matrimonio, el Registro Civil debe informar a la pareja si alguno de los contrayentes aparece como deudor moroso.
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En materia penal, tanto el Código Penal Federal como la legislación estatal, se contemplan penas que van de tres a cinco años de prisión. Estas pueden aumentar cuando el responsable intenta ocultar ingresos, renuncia a su empleo o realiza maniobras para aparentar insolvencia y eludir sus obligaciones.
Con información de Excelsior.
