Un grave caso de revictimización y discriminación ocurrido en Puebla ha generado preocupación social y exhibido una falla estructural dentro del sistema de justicia estatal.
Una niña de 11 años, víctima de presunto abuso sexual, acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar una denuncia; sin embargo, lejos de recibir apoyo inmediato, le fue negado el acceso a la justicia debido a una barrera lingüística: la menor habla náhuatl y en ese momento no había un perito traductor disponible.
Los hechos tuvieron lugar cuando la menor llegó por su cuenta al ministerio público en Puebla, buscando protección tras haber sufrido una agresión.
Pese a la gravedad del caso y a su evidente situación de vulnerabilidad, el personal administrativo le informó que no podían tomar su declaración porque no había un traductor que realizara la interpretación del náhuatl al español.
Esta respuesta no solo contravino los principios básicos de atención a víctimas, sino que prolongó la incertidumbre y el riesgo para la niña, quien se vio obligada a esperar o a buscar alternativas por su cuenta.
La falta de atención inmediata desató indignación ciudadana y llamó la atención de diversos medios de comunicación. La presión pública fue determinante para que las autoridades aceleraran el proceso.
Ante el creciente escrutinio, la Fiscalía de Puebla buscó el apoyo de una asociación civil para obtener al intérprete necesario y posteriormente canalizó a la menor al Centro LIBRE Casa Carmen Serdán, donde finalmente recibió atención especializada.
Una vez que el testimonio fue recabado en su lengua materna, la autoridad liberó una orden de aprehensión contra Eduardo “N”, de 32 años.
De acuerdo con las investigaciones, el señalado, quien es tío de la víctima, habría cometido la agresión sexual dentro de una panadería de su propiedad, aprovechándose de su cercanía y utilizando amenazas para mantener a la niña en silencio.
La detención del presunto agresor representó un avance en el proceso judicial, pero también evidenció una deficiencia grave en la estructura institucional encargada de proteger a las infancias.
Aunque la Fiscalía de Puebla reiteró su compromiso para combatir el maltrato infantil, este caso expone un problema profundo: la falta de traductores inmediatos en un estado donde miles de personas hablan lenguas originarias.
La ausencia de intérpretes capacitados no solo afecta la rapidez de las investigaciones, sino que impide garantizar los derechos de las víctimas, especialmente de aquellas que, como esta niña, pertenecen a comunidades indígenas y enfrentan desigualdades históricas.
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El incidente deja al descubierto la urgencia de fortalecer los mecanismos de atención con perspectiva intercultural, así como de establecer protocolos efectivos que aseguren que ninguna persona, y menos aún una niña víctima de violencia, sea rechazada por razones lingüísticas.
Este caso, que ha generado un llamado amplio a la reflexión, recuerda la importancia de contar con un sistema de justicia que verdaderamente proteja, escuche y atienda a quienes más lo necesitan.
Fuente: Tv Azteca
