El Salvador ha vuelto a ocupar los titulares internacionales tras conocerse que un grupo de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) recibió condenas que, en algunos casos, superan los mil años de prisión, en el marco de la política de mano dura impulsada por el gobierno de Nayib Bukele contra las estructuras criminales.
Estas penas extraordinarias se suman a un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, bajo el cual han sido detenidas más de 90 mil personas señaladas como integrantes o colaboradores de pandillas, de las cuales unas 8 mil han sido liberadas tras comprobarse su inocencia, según cifras oficiales.
La Fiscalía General de El Salvador informó que los condenados pertenecen a la clica TLS de la MS-13 y fueron hallados culpables de una larga lista de delitos, entre ellos homicidios, extorsión, tráfico de drogas, invasión de morada y amenazas agravadas, cometidos principalmente entre 2014 y 2022 en el departamento de La Libertad.
Uno de los cabecillas, identificado además por Estados Unidos como un actor de alta peligrosidad, recibió una condena que asciende a 1,335 años de prisión, mientras que otros pandilleros enfrentan sentencias que van desde los 463 hasta casi mil años, producto de la acumulación de penas por cada crimen probado.
Las autoridades de El Salvador han presentado este caso como un mensaje contundente contra las pandillas, al asegurar que estos grupos establecieron “bases” en distintos sectores del país desde las cuales coordinaban asesinatos, cobraban “renta” a comerciantes y mantenían bajo amenaza a comunidades enteras.
De acuerdo con la fiscalía de El Salvador, algunas víctimas se vieron obligadas a cerrar sus negocios por el temor constante a las represalias, mientras que otras fueron asesinadas por negarse a seguir pagando extorsiones, lo que habría contribuido a la percepción de inseguridad que dominó la vida cotidiana en varias zonas del país durante años.
El gobierno de Nayib Bukele sostiene que la estrategia de seguridad, apoyada en el régimen de excepción, ha permitido reducir los índices de homicidios a cifras históricas y recuperar territorios que antes estaban bajo control de las pandillas.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han cuestionado severamente el enfoque, denunciando detenciones arbitrarias, falta de debido proceso, hacinamiento carcelario y el fallecimiento de al menos cientos de personas bajo custodia del Estado desde 2022, según registros de grupos como el Socorro Jurídico Humanitario.
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En las últimas semanas, familiares de personas encarceladas que se declaran inocentes han pedido a la Sala de lo Constitucional revisar la legalidad del régimen de excepción y poner fin a las medidas extraordinarias, argumentando que se está castigando también a ciudadanos sin vínculos con estructuras criminales.
Mientras la administración Nayib Bukele defiende que los casos de liberación demuestran que el sistema judicial sí corrige excesos, sectores críticos insisten en que la combinación de condenas de hasta mil años y poderes ampliados para las fuerzas de seguridad configura un modelo de seguridad efectiva, pero profundamente cuestionado en materia de derechos fundamentales.
Con información de El Universal.
