Los gobiernos que integran el Valle de México acordaron cerrar filas contra la extorsión, al plantear la creación de un Pacto Metropolitano contra la Extorsión, con el objetivo de frenar este delito que afecta de manera directa a familias, comerciantes y transportistas de la región.
La propuesta fue presentada durante la Cuarta Reunión Metropolitana de Coordinación Interestatal, encabezada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y respaldada por las gobernadoras del Estado de México, Morelos y Guerrero, así como por el gobernador de Puebla y representantes de Hidalgo y Tlaxcala.
De acuerdo con lo expuesto, el pacto busca establecer un frente común de seguridad, dejando de lado las fronteras administrativas, para avanzar hacia una reducción sostenida del delito de extorsión en toda la zona metropolitana.
Acciones clave del pacto contra la extorsión
Entre las medidas principales que contempla la estrategia se encuentran:
- Fortalecer la cooperación interinstitucional entre las entidades participantes
- Intercambiar información y experiencias exitosas en prevención y combate al delito
- Incrementar las revisiones en centros penitenciarios, para frenar llamadas de extorsión desde prisión
- Reforzar el bloqueo de señales electromagnéticas en cárceles
- Mejorar la inteligencia conjunta entre corporaciones de seguridad y fiscalías
- Homologar los marcos legales, con el fin de endurecer las sanciones contra extorsionadores en toda la región
Proponen crear un C5 Metropolitano
Uno de los puntos más destacados fue la propuesta de crear un C5 Metropolitano, que permitiría el intercambio de información en tiempo real entre los estados, optimizando la vigilancia, la reacción ante emergencias y el combate al crimen en zonas limítrofes.
Además, se acordaron acciones complementarias como la ampliación de arcos detectores de vehículos y la reglamentación del uso de casco y chaleco para motociclistas, como parte de una estrategia integral de seguridad.
Las autoridades coincidieron en que el combate a la extorsión requiere coordinación permanente, acciones conjuntas y voluntad política, por lo que el pacto representa un primer paso para enfrentar este delito a escala metropolitana.
