La violencia en el futbol no solo se da en un entorno profesional, los insultos y peleas también se ven en medio de competencias locales. Así lo demuestran las imágenes en donde se captó a un equipo femenil arremeter en contra de una árbitra en instalaciones de la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX.
La agresión sufrida por la árbitra Jill Ortuño al término de un partido de futbol amateur generó una ola de rechazo e impulsó el debate sobre la violencia de género y la seguridad de los árbitros en el deporte local pues, como es sabido, se trata de una de las partes más afectadas en este deporte.
De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de mujeres, identificadas como porristas del equipo Real Modelo, atacó a Ortuño después de la derrota de su conjunto muy molestas por su desempeño en el terreno de juego.
El incidente se produjo cerca de los campos Jopa Carranza, donde la víctima fue golpeada, pateada y derribada ante la presencia de asistentes y jugadores. Testimonios recabados indican que la molestia de las agresoras surgió por decisiones arbitrales que consideraron determinantes para el resultado final por lo que procedieron a iniciar el conflicto en CDMX.
La inconformidad se transformó en agresión física y verbal, un episodio que quedó registrado en imágenes difundidas ampliamente en redes sociales. Las autoridades señalaron que se investiga el grado de violencia ejercida y las lesiones ocasionadas a la árbitra.
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Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia de CDMX abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades por las lesiones causadas a la silbante.
La reacción en redes sociales y en el entorno deportivo amateur no se hizo esperar con muestras de apoyo a Ortuño y los llamados a sancionar este tipo de hechos para proteger a quienes imparten justicia en los campos.
Organismos y colectivos vinculados al arbitraje recordaron el aumento de agresiones en el futbol amateur, subrayando la carencia de protocolos de seguridad que expone a los árbitros a situaciones de riesgo.
De acuerdo con el Código Penal para el Distrito Federal, participar en una golpiza colectiva implica sanciones que se agravan automáticamente por la superioridad numérica y la saña, bajo las figuras jurídicas de ventaja y pandillerismo.
El sistema de justicia capitalino es estricto cuando se trata de ataques grupales. Según el marco legal vigente, cuando tres o más personas participan en una agresión, las penas base por el delito de lesiones se incrementan en una mitad (50% adicional).
Esto significa que, si una lesión grave amerita 8 años de prisión, el hecho de haber sido cometida en grupo eleva la sentencia automáticamente a 12 años en CDMX.
Con información de Milenio.
