Representantes de organizaciones de comerciantes, especialistas en derecho y médicos veterinarios advirtieron que las recientes decisiones del Gobierno de la Ciudad de México en materia de bienestar animal podrían provocar un efecto adverso, por lo que en el futuro prevén un crecimiento en la venta clandestina de animales y un aumento en prácticas de maltrato fuera de cualquier supervisión oficial.
De acuerdo con los especialistas, medidas como la cancelación de la venta legal de animales en el Mercado Sonora, la prohibición del uso de jaulas y transportadoras, así como nuevas disposiciones administrativas, están debilitando al comercio formal y empujando estas actividades hacia la ilegalidad.
Si bien coincidieron en que la protección animal es un objetivo legítimo, tal como lo ha señalado la jefa de Gobierno, Clara Brugada, cuestionaron la forma en que se han implementado las políticas públicas, al considerar que se trata de acciones improvisadas y carentes de sustento técnico.
En un pronunciamiento conjunto, Alberto Vargas Lucio, presidente del Movimiento Nacional del Contribuyente Social (MONACOSO A.C.); César Ríos, asesor jurídico de comerciantes; Aída Álvarez Salas, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México (COMVEMEX); y Gerardo Cleto López Becerra, dirigente de “Con Comercio Pequeño”, rechazaron las versiones oficiales que señalan presuntos casos de maltrato animal en mercados públicos.
César Ríos aclaró que ninguna de las clausuras realizadas en el Mercado Sonora tuvo como causa el maltrato animal, ya que los locatarios cumplían con la normativa vigente y operaban bajo supervisión veterinaria. Denunció, además, presuntos actos de intimidación y presión por parte de funcionarios de la alcaldía Venustiano Carranza, que habrían sido enviados por la alcaldesa Evelyn Parra.
Según el abogado, las sanciones se aplicaron por supuestas faltas administrativas mediante procedimientos irregulares, acompañados de amenazas que buscaban impedir que los comerciantes ejercieran su derecho a la defensa legal.
Por su parte, Alberto Vargas Lucio señaló que el cierre del comercio formal afecta de manera directa a comunidades indígenas y rurales tanto de la capital como de entidades como Puebla, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México, donde la crianza y venta de animales de consumo representa una fuente esencial de ingresos.
El dirigente advirtió que estas comunidades abastecían a fondas, restaurantes y pequeños negocios, y que dicha actividad forma parte de sus usos y costumbres, además de estar permitida por la ley, por lo que la prohibición solo trasladará estas prácticas al mercado negro.
“Se les ha negado el derecho a realizar una actividad que da sustento a sus comunidades y que ahora será empujada a la ilegalidad”, comentó.
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Finalmente, la doctora Aída Álvarez Salas alertó que el decreto publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX, que prohíbe jaulas y obliga al retiro diario de animales de los locales, incrementará riesgos sanitarios, costos operativos y conflictos entre especies, además de fomentar la corrupción y la informalidad en el comercio de animales.
Con información de Publimetro México.
