Eduardo N. fue condenado a más de 25 años de prisión tras ser declarado responsable de obligar a su pareja a prestar servicios sexuales en el bar “El Abuelo”, ubicado en San Bernabé Temoxtitla, Puebla.
Durante este tiempo, el acusado se apropió de las ganancias obtenidas por la víctima, aprovechando su vulnerabilidad y restringiendo su libertad para decidir sobre su propio trabajo.
De acuerdo con la investigación, la víctima, con quien el imputado mantenía una relación de concubinato, fue forzada a trabajar en el establecimiento bajo condiciones de coerción constante.
El sentenciado controlaba los ingresos que ella generaba y limitaba sus posibilidades de tomar decisiones sobre su vida, explotando su situación de dependencia emocional y económica.
La explotación no solo se dio en términos económicos, sino que también afectó la libertad y dignidad de la víctima.
Durante el tiempo que permaneció en el bar de Puebla, sufrió presiones y amenazas que la mantenían en una situación de constante violencia, impidiéndole abandonar el lugar o negarse a prestar servicios sexuales.
Este tipo de abuso evidencia cómo la trata de personas puede manifestarse dentro de relaciones personales, en entornos cercanos y aparentemente cotidianos.
Una vez que Eduardo N. fue detenido y llevado ante la autoridad judicial de Puebla, se presentaron distintos elementos probatorios durante las audiencias, que fueron valorados cuidadosamente por el tribunal.
Estas pruebas fueron fundamentales para esclarecer la responsabilidad del acusado y para garantizar que la víctima recibiera justicia.
El Tribunal de Enjuiciamiento determinó imponer al condenado una pena privativa de libertad de 25 años, tres meses y 22 días, además de ordenar la reparación del daño moral y material causado a la víctima.
La sentencia busca sancionar la explotación y enviar un mensaje sobre la gravedad de la trata de personas, especialmente cuando se comete sobre individuos en situación de vulnerabilidad.
La víctima, obligada a prestar servicios sexuales, sufrió una explotación sistemática que afectó su integridad física, emocional y económica. La sentencia refuerza la necesidad de visibilizar estos delitos y proteger a quienes se encuentran en situaciones de riesgo.
Asimismo, resalta cómo la combinación de investigación detallada y la valoración de pruebas contribuye a que la justicia se enfoque en los hechos y en las víctimas, más que en la actuación de las autoridades.
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La historia de esta víctima evidencia la urgencia de implementar medidas de prevención, atención y protección para personas que podrían ser objeto de explotación sexual, recordando que detrás de cada caso hay vidas afectadas que requieren justicia y reparación.
La condena a Eduardo N. refleja la gravedad del delito de trata de personas y pone de relieve la importancia de mantener espacios de trabajo libres de abuso y coerción, además de fortalecer la conciencia social sobre la explotación sexual y los mecanismos de denuncia disponibles para las víctimas en Puebla, y en todo el país.
Fuente: Excélsior
