El juez de Oralidad de la región Puebla, Celestino Martínez Bones, fue denunciado ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, luego de que absolvió del delito de secuestro a Luis Javier N., miembro activo de la Guardia Nacional, y al exmilitar Rogelio Sergio N, pese a que éstos fueron detenidos en flagrancia.
Miguel Barrueta Rodríguez, quien participó en la detención de los dos integrantes de las Fuerzas Armadas y que fue reconocido como víctima indirecta de estos hechos, anunció que además pedirá a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo su intervención ante la gravedad de este fallo.
“Con esta resolución absolutoria el juez pone en riesgo la seguridad de las víctimas que por más de dos años mantuvimos nuestras acusaciones en los juicios, a pesar de lo que en sí representa señalar a una autoridad como lo es la Guardia Nacional, que se supone fue creada para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, expresó.
Agregó que a pesar de que recibieron intimidaciones y amenazas, acudieron a todas las audiencias durante los más de dos años que duró el juicio, en espera de que el Poder Judicial de Puebla impartiera justicia.
“El juez pone en riesgo a la sociedad en general porque está liberando a dos delincuentes. Este juez está mandando un mensaje de impunidad para aquellos que traicionan el compromiso de servir a la ciudadanía en una corporación de seguridad y que, en lugar de cumplir con su deber, se vinculan con delincuentes para cometer este tipo de ilícitos”, reclamó.
Barrueta Rodríguez indicó que apelarán este fallo y confían que igual lo haga la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Aunque la sentencia apenas se leyó el 5 de febrero último, dijo tener informes de que el exmilitar Rogelio Sergio ya fue liberado, mientras que Luis Javier igual podría salir en breve, pues sólo fue condenado a cuatro años y medio de prisión por uso ilegal de las armas y podría alegar “buena conducta”.
Ante esto, el entrevistado reclamó medidas de protección para las dos familias afectadas por estos hechos.
Se informó sobre este caso que involucra a integrantes de la GN conforme a la carpeta de investigación FGEP/CDI/FEISE/PIL-I/000156/2023, a cargo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión de Puebla.
Barrueta narró que el 11 de octubre de 2023, el elemento activo de la Guardia Nacional, Luis Javier N y el exmilitar Rogelio Sergio N. llegaron armados a un negocio ubicado en San Martín Texmelucan, propiedad de su hijo Santiago, asegurando ser miembros del CJNG.
Ataron con cinchos a su hijo y a uno de sus amigos de nombre Fredy para obligarlos a que se comunicaran con sus familiares y les pidieran un rescate de 50 mil dólares.
“En un momento de desconcierto, porque yo llegué al lugar en una motoneta, se suscitó un forcejeo con estos sujetos y luego ambos fueron sometidos porque arribaron vecinos que escucharon nuestros llamados de auxilio”, relató.
En ese momento, los dos detenidos fueron entregados a la Policía Municipal bajo la creencia de que eran miembros del crimen organizado. Pero cuando fueron identificados quedó al descubierto que realmente eran elementos de las Fuerzas Armadas.
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Igual, cuando revisaron las cámaras de vigilancia, las autoridades se percataron de que el carro Jetta en el cual llegaron a San Martín Texmelucan fue todo el tiempo acompañado por la patrulla 28098, perteneciente a la 238 compañía del Tercer Batallón de la Guardia Nacional, con sede en Texcoco, Estado de México, la cual era tripulada por otros seis agentes de esa corporación.
El juez no sólo desestimó los testimonios de las víctimas y de los vecinos, sino también el de los policías que los detuvieron y de los propios mandos de la Guardia Nacional que rindieron su declaración ante el Ministerio Público en Puebla.
Señaló que en sus declaraciones el coronel José Leonardo Hernández Ganem, comandante del Tercer Batallón e Inspector General de la GN, y otros cinco elementos de esa corporación que iban en la patrulla confirmaron los hechos.
“A pesar de todo esto y de que los delincuentes no aportaron ninguna prueba en su defensa, el juez Celestino Martínez Bones dictaminó que no había elementos para probar la culpabilidad de estas dos personas por el delito de secuestro agravado”, resumió Barrueta.
Con información de Proceso.
