El Poder Judicial de Tamaulipas dictó un fallo histórico en Ciudad Victoria al declarar culpable al entrenador Ricardo Rosati Beristain por el delito de abuso sexual agravado.
El juez de oralidad penal, Santiago Espinoza Camacho, emitió la sentencia condenatoria tras validar las pruebas presentadas por la fiscalía en contra del preparador físico, quien colaboraba en el Instituto del Deporte de Tamaulipas (Inde).
Este veredicto representa el primer paso firme hacia la justicia para una gimnasta menor de edad que rompió el silencio tras años de agresiones dentro del ámbito deportivo.
Las investigaciones ministeriales revelan un panorama desolador que trasciende este primer caso sentenciado por la autoridad judicial. Actualmente, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abiertas otras 11 carpetas de investigación contra el acusado por diversos delitos de violencia y agresión hacia otras víctimas.
Rosati Beristain operó durante casi dos décadas en el gimnasio Siglo XXI de la capital estatal, lugar donde presuntamente utilizó su posición de poder para vulnerar la integridad de múltiples niñas gimnastas a su cargo.
La madre de una de las menores afectadas celebró la decisión del juez y afirmó ante medios locales que las familias finalmente comienzan a ver resultados tangibles en su búsqueda de justicia.
Durante la audiencia celebrada el pasado viernes 27 de febrero en el Centro Integral de Justicia, los testimonios y peritajes confirmaron la responsabilidad directa del imputado.
El perfil del agresor agrava la indignación social, debido a que ocupó cargos de alta jerarquía como la presidencia de la Asociación de Gimnasia de Veracruz.
La trayectoria de Rosati Beristain en el deporte nacional incluye también su desempeño como director técnico de la Federación Mexicana de Gimnasia, cargo que le otorgaba una influencia considerable sobre las atletas.
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Su entorno familiar estaba profundamente ligado a la disciplina, con su esposa fungiendo como entrenadora y su hijo integrando la selección estatal de Tamaulipas.
Esta red de conexiones permitió que el agresor mantuviera una imagen de respetabilidad profesional mientras cometía los actos ilícitos denunciados por las víctimas y sus representantes legales.
La fiscalía estatal solicitó formalmente la imposición de la sanción máxima permitida por la ley para este tipo de delitos graves. Según los lineamientos del código penal vigente, el responsable podría enfrentar una pena de entre 20 y 28 años de prisión por cada una de las niñas que sufrieron sus agresiones.
La determinación de la sentencia definitiva ocurrirá este jueves 5 de marzo, fecha en la que el tribunal dictará los años totales de reclusión que el exentrenador deberá cumplir en el centro penitenciario.
Con información de: Latinus
