Diversos influencers, activistas y empresas de comunicación han iniciado acciones legales para exigir pagos incumplidos por parte del gobierno de Israel, tras participar en campañas digitales relacionadas a justificar el conflicto en la Franja de Gaza. Las reclamaciones económicas ascienden a varios millones de dólares.
De acuerdo con los demandantes, estas campañas habrían tenido como objetivo influir en la percepción internacional sobre la ofensiva militar en Gaza. También, señalaron que fueron contratados para generar contenido, promover mensajes específicos y participar activamente en debates públicos en plataformas digitales.
Las denuncias apuntan hacia una estructura de comunicación vinculada al gobierno israelí, conocida como “hasbará”, una estrategia orientada a posicionar su narrativa en el ámbito global. Según los testimonios, esta red habría integrado tanto a voceros oficiales como a figuras externas, incluyendo influencers y productoras independientes.
Tras los ataques del grupo Hamás el 7 de octubre de 2023, la respuesta no solo se limitó al ámbito militar, sino también a una ofensiva mediática. En ese contexto, múltiples contratistas fueron incorporados para reforzar la presencia del discurso israelí en redes sociales y medios internacionales.
Los involucrados aseguraron que, ante la urgencia de la situación, se recurrió a intermediarios privados para coordinar pagos y asignación de actividades como producir contenido, organizar campañas, intervenir en debates públicos y contrarrestar narrativas críticas. A pesar de esta coordinación, los involucrados describen el sistema como desorganizado, lo que habría derivado en retrasos e incumplimientos financieros.
Entre los casos mencionados, se encuentran empresas que organizaron campañas en Europa, donde instalaron estudios, facilitaron entrevistas con figuras de alto perfil y financiaron actividades para contrarrestar manifestaciones pro-palestinas en distintos países. Estas acciones formaban parte de una estrategia más amplia para incidir en la opinión pública.
Quienes ahora reclaman pagos sostienen que no actuaron únicamente por afinidad ideológica, sino como parte de acuerdos laborales dentro de una campaña estructurada. Por ello, consideran que existe una responsabilidad contractual que debe cumplirse.
El caso también ha puesto bajo escrutinio el papel de los influencers en contextos como estos, donde ya no se puede distinguir la propaganda de un contenido orgánico y genuino, perdiendo lo más valioso que tienen los creadores de contenido, que es su credibilidad. Ahora las audiencias son vendidas a los intereses políticos, pues los creadores de contenido tienen mayor alcance y poder de decisión sobre sus seguidores.
Este caso para México parece ser familiar, pues decenas de influencers en el país ya han vendido su opinión a partidos políticos, que buscan instaurar una ideología para ganar votos y permanecer en el poder.
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Por su parte, autoridades israelíes han reconocido la existencia de fallas administrativas en los procesos de contratación, aunque no han negado el uso de recursos para impulsar su postura en el escenario internacional frente a críticas por la ofensiva en Gaza.
Con información de Excelsior.
